Juntos por el Perú se alía con agrupaciones de Pedro Castillo y Aníbal Torres, pese a cuestionamientos legales y políticos
Aquellos que integran esta alianza están vinculados a investigaciones fiscales en curso.
En un movimiento que reconfigura el tablero político de cara a las elecciones generales de 2026, Juntos por el Perú (JPP) anunció una alianza con Todos con el Pueblo, agrupación vinculada al encarcelado golpista Pedro Castillo, y con Adelante Pueblo Unido (APU), liderado por el ex primer ministro Aníbal Torres.
La alianza, presentada como una plataforma de unidad de izquierda, se enfrenta a serios cuestionamientos. Por un lado, el partido Todos con el Pueblo todavía se encuentra en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras que APU logró su inscripción tras una orden judicial, pero fuera del plazo reglamentario. Esta situación compromete la legalidad y viabilidad electoral de la coalición.
Desde el penal de Barbadillo, Pedro Castillo saludó la unión política mediante una publicación en la red social X: “Saludo la respuesta de adhesión a nuestra convocatoria de unidad política y electoral por parte del partido Juntos por el Perú”, escribió.
El exmandatario, acusado por delitos como rebelión, colusión agravada y organización criminal, volvió a insistir en que fue vacado de forma irregular por el Congreso.
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Paralelamente, Aníbal Torres también enfrenta un proceso en el Congreso, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite una denuncia constitucional en su contra por apología, conspiración para la rebelión y perturbación del orden público. El informe lo señala por haber exaltado delitos durante presentaciones públicas.
La figura de Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, tampoco escapa a la polémica. El congresista fue denunciado por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible durante su gestión como ministro en el régimen de Pedro Castillo.
A ello se suma la contratación de Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del expresidente, como parte de su equipo parlamentario, pese a estar vinculado al caso Sarratea y a una investigación por colusión agravada en el caso Puente Tarata III.
Consultado por la prensa, Sánchez defendió el nombramiento asegurando que “el derecho al trabajo es una prerrogativa de cualquier ciudadano”, y afirmó que el joven Castillo “no tiene ningún impedimento legal o administrativo” para desempeñarse en el cargo.
Mientras la alianza intenta proyectar un frente unificado en nombre de la democracia y la voluntad popular, las investigaciones fiscales, los cuestionamientos éticos y la debilidad legal de las agrupaciones que la integran plantean dudas sobre su verdadero impacto electoral y su legitimidad ante el electorado.
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