La doble moral de la Ley de Extinción de Dominio: justicia a doble velocidad [ANÁLISIS]
Controversia en el Congreso: El Parlamento cuestiona las modificaciones a la ley de extinción de dominio, mientras el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público se oponen a los cambios.
No debe llamarnos la atención la aguda y complicada controversia suscitada en torno al interés tan particular mostrado por el actual Congreso de la República de cuestionar las modificaciones de la ley de extinción de dominio, provenientes del actual gobierno representado por el Poder Ejecutivo, el propio Poder Judicial y el Ministerio Público, que han manifestado su desacuerdo y discrepancia al respecto.
Incluso se recurre a una fórmula soterrada de amenaza e intimidación, señalando que, de aprobarse estas modificaciones, se pondría en grave riesgo la imagen de nuestra nación ante la comunidad internacional, pues el Perú podría ser incorporado en la lista negra de países que no colaboran en la lucha contra la corrupción.
Un juego de metáforas y ficciones que, en realidad, encubren o develan cómo en nuestro país se recurre fácilmente a la doble moral, dependiendo del momento y de si las condiciones políticas son pertinentes.
Apariencia de país incólume
Suena contradictorio y hasta pomposo escuchar este tipo de declaraciones, sobre todo en la actualidad y por parte de algunos entes y funcionarios gubernamentales. Cualquiera que conozca un poco la historia de la corrupción en nuestro país sabe perfectamente que este es un problema de primer orden y que tiene una presencia histórica.
No es necesario remontarnos al pasado, basta con recordar los casos más recientes, como el de Odebrecht o el del Club de la Construcción, para entender que la gran corrupción sigue plenamente presente en la mente de todos los peruanos, como si no hubiera pasado nada.
Reitero lo señalado: son los mismos órganos o entidades —aunque con otras caras— los que ahora reclaman y cuestionan a los cuatro vientos estas posibles modificaciones, cuando en realidad se mantuvieron en silencio absoluto frente a los casos más escandalosos, no solo de corrupción, sino de impunidad que han marcado nuestra nación.
Moral gemela
Hablamos de una fórmula soterrada y encubierta de aparentar ser una nación incólume y ejemplar ante la comunidad internacional, con el fin de victimizarse y ponerse a buen recaudo frente a otros cuestionamientos. Se pretende hacer creer que las modificaciones a la ley de extinción de dominio generarían por primera vez una hecatombe institucional en el sistema de justicia.
Se argumenta que no solo se estaría obstaculizando el buen desempeño de los órganos de control social, sino que también se advierte enfáticamente que, de aprobarse estas modificaciones, habría un grave e irreversible retroceso en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en el país.
La gran pregunta es si esto es cierto o si, en realidad, esconde una faceta oculta de la lucha contra la corrupción.
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¿Dónde estaban todos estos voceros oficiales cuando Odebrecht y otras empresas corruptas hacían y deshacían a su antojo, paseándose por todos los ministerios e instituciones e imponiendo sus condiciones?
La legislación de extinción de dominio ya estaba vigente y, de hecho, se había mejorado para hacerla más efectiva y eficiente.
La igualdad ante la ley
Que se han cometido graves abusos en la aplicación de las leyes de extinción de dominio en nuestro país, no tengo la menor duda.
Una simple denuncia es más que suficiente para iniciar un largo y tedioso proceso judicial en el que los emplazados, al no poder justificar la licitud de sus bienes, terminan casi siempre siendo objeto de decomisos a favor de un Estado que, en realidad, muestra poco interés en luchar contra la corrupción.
La presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba, los indicios o la igualdad ante la ley poco o nada sirven para equilibrar algunos de los abusos judiciales surgidos en la aplicación de esta ley.
Asunto de fondo
El tema de fondo es si las leyes en nuestro país se aplican en igualdad de condiciones o si son solo un juego de palabras.
Muchas veces, las leyes tienen un sentido político y dependen, en última instancia, del estatus y la condición social o política de las personas investigadas, sobre todo en casos de corrupción.
Unos terminan condenados, mientras que otros son absueltos incluso con mayores culpas.
Hablo de un juego kafkiano, donde la impunidad, el abuso de poder, la inmunidad, la corrupción, el servilismo y la política perniciosa se entremezclan, permitiendo que la rigurosidad de la ley no sea igual para todos.
Que se sepa o se demuestre lo contrario, son pocos los procesos de extinción de dominio ejecutados contra determinados personajes políticos y empresariales investigados por delitos graves, como lavado de activos, delitos tributarios o crimen organizado.
Habría que preguntarles a las instituciones que hoy reclaman si, en los últimos años, algún empresario o político vinculado con la gran corrupción política ha sido emplazado con la ley de extinción de dominio.
Que se conozca, ninguno de estos personajes ha visto sus bienes decomisados o revertidos a favor del Estado, conforme a los parámetros que establece la propia legislación.
Que se conozca, nunca se ha investigado si el patrimonio o los activos de políticos o empresarios procesados han sido transferidos a terceras personas, en los que la ley de extinción de dominio aplicaría perfectamente.
Doble velocidad
Aunque la doble velocidad con que se maneja la justicia en nuestro país no es monopolio exclusivo de la legislación de extinción de dominio, los ritmos judiciales no solo son opuestos, sino hasta contradictorios.
No defiendo a narcotraficantes, extorsionadores o secuestradores, a quienes se les debe aplicar con severidad las sanciones correspondientes.
Sin embargo, la corrupción política y empresarial, así como la vinculada a los malos partidos políticos, son tratadas con una tónica distinta.
En estos casos, los plazos judiciales son lentos, plagados de indagaciones interminables que duran años, mientras se descubre la verdad de lo acontecido.
Corolario
No estoy en contra de la ley de extinción de dominio, aunque sí cuestiono abiertamente las modificaciones que se pretenden incorporar.
Hablo de cómo la legalidad y la impunidad pueden ir de la mano y actuar como gemelas.
Que la extinción de dominio es un medio legal ideal para luchar contra la corrupción y para evitar la transferencia maliciosa de patrimonio, no tengo la menor duda.
Sin embargo, el problema no es la ley en sí, sino la manera selectiva y arbitraria en que se eligen a los emplazados.
En la práctica, la citada ley mantiene una doble moral.
Dependiendo de quién sea el investigado, puede ser especialmente rápida, eficiente, expedita y hasta ejemplar.
Para otros, en cambio, será condescendiente, tolerante y plagada de beneplácitos.
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