Ley Forestal y de fauna silvestre: se enciende debate por uso agrícola de predios deforestados
Grupos ambientalistas se oponen a virtual normativa que aprobó el Congreso.
Otra vez enfrentados. De un lado agricultores e inversionistas y, del otro, ambientalistas y comunidades indígenas. Al centro, la norma aprobada por el pleno del Congreso que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
El dispositivo aún no fue promulgado porque se ha planteado reconsiderar la votación y esto se verá en el próximo pleno.
El punto más polémico es el que dispone que los predios privados que cuenten con sus títulos de propiedad o constancias de posesión no van a requerir la clasificación de suelos.
Todos esos predios privados se hallan en zonas deforestadas y se busca formalizar su uso agrícola.
La posición de los ambientalistas
De inmediato en las redes sociales hicieron público su rechazo diferentes ONG's e instituciones ambientalistas.
Figuran, entre las más influyentes, DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) y Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). Esta última agrupa a 2,439 comunidades nativas.
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Afirman que a partir de ahora se establecerá "como normativa" la exención de la clasificación de suelos en beneficio de las empresas de monocultivo, "implicadas en actividades de deforestación".
Además de generar una situación de impunidad -sostienen- se van a legalizar las zonas deforestadas en beneficio de sectores privados.
"La acción parlamentaria es una amenaza para los pueblos originarios", subrayaron. La modificación ha sido aprobada por 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones.
El suelo está parejo
Los congresistas en bloque rechazaron que la norma tenga validez jurídica para el futuro.
El exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, manifiesta que en el proyecto se mantiene el requisito de la opinión previa del Ministerio del Ambiente, "lo que es saludable".
Por su parte, la Confiep señaló que desconocer los derechos otorgados por el Estado es una amenaza a las inversiones privadas.
"La estabilidad jurídica es un elemento vital para la confianza de los inversionistas y el fomento de la actividad económica, en este caso en el sector agrario", precisa la institución empresarial.
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