Ley sobre canon y ANP: Proyecto de Flores Ancachi sobre áreas protegidas despierta dudas técnicas
Plazos apretados generarían vacíos en fiscalización ambiental.
El proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, que propone modificar la Ley N.° 26834 para permitir el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables en Áreas Naturales Protegidas (ANP), causa un intenso debate en diversos sectores.
Aunque la iniciativa busca incrementar el canon y sobrecanon destinados a cerrar brechas de infraestructura y sociales en regiones con potencial energético, especialistas advierten que sus implicancias podrían no ser del todo beneficiosas para el país.
El texto legislativo plantea cambiar artículos clave de la normativa vigente, con el objetivo de compatibilizar la conservación ambiental con el desarrollo económico.
Entre las modificaciones más relevantes, se encuentra la posibilidad de explotar recursos incluso en zonas de uso indirecto, como parques nacionales o santuarios, cuando los proyectos sean declarados de necesidad pública e interés nacional.
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Además, la inclusión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) como entidad con opinión vinculante para aprobar o actualizar planes de manejo en zonas con hidrocarburos podría generar un desequilibrio institucional.
¿Mayor inversión o mayor conflicto?
Aunque el proyecto apunta a atraer inversión privada a regiones históricamente postergadas, se teme que se repita un patrón de desarrollo extractivo que causa conflictos sociales y ambientales en el pasado.
Por otro lado, la declaración de interés nacional para proyectos como el del Lote 76 en Puno o la masificación del gas en Madre de Dios, Loreto, San Martín, Ucayali, Pasco y Huánuco podría interpretarse como una vía para agilizar inversiones sin pasar por procesos amplios de consulta y evaluación de impactos acumulativos.
Cambios en ley sin suficiente debate técnico
El proyecto establece plazos relativamente breves para reglamentar y adecuar los instrumentos de gestión del Sernanp y los gobiernos regionales.
Además, la norma no contempla disposiciones específicas sobre mecanismos de participación ciudadana, ni plantea cómo se garantizará el respeto a los derechos de las comunidades indígenas que habitan dentro o cerca de las áreas protegidas.
Preocupación por uso de figuras legales amplias
Otro punto observado con preocupación es el uso del concepto de “necesidad pública e interés nacional” como habilitador para intervenir zonas protegidas.
Esta figura podría ser utilizada discrecionalmente, permitiendo proyectos que no necesariamente respondan a prioridades reales de desarrollo sostenible.
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