Leyes mal hechas hunden al Perú: ¿terrorismo urbano o político? [ANÁLISIS]

Definir qué es terrorismo, tanto en lo político como en lo operativo, siempre ha sido una labor compleja y enrevesada, debido a los intereses que median en una tarea de esta naturaleza. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la incorporación de una definición descriptiva en una disposición penal, que busca calificar y reprimir un conjunto de conductas que ameritan sanciones graves y relevantes.

Es una labor complicada y, a menudo, confusa, porque una cosa es definir el terrorismo con fines estrictamente subversivos o de insurrección —cuando grupos terroristas persiguen, a través de la violencia y el crimen, la toma del poder—, y otra muy distinta es legislar sobre el terrorismo frente a un fenómeno de criminalidad masiva en un contexto de democracia plena, donde se supone que lo que prima son los principios constitucionales que rigen una nación y la primacía del Estado de derecho por encima de cualquier contingencia comunal o política.

Hago esta distinción porque, en ambos casos —tanto en el terrorismo urbano, también denominado de baja intensidad, como en el terrorismo propiamente subversivo contra el sistema—, lo que caracteriza a ambas actividades es la intención de someter a la sociedad al terror y al miedo, bien para consolidar el desorden o para subvertir el orden.

Desestabilizar la gobernabilidad

Una de las finalidades del terrorismo —incluso como metodología— es desestabilizar y desequilibrar a la sociedad en su conjunto o a una gran parte de ella, con el fin de imponer condiciones y decisiones que de otro modo sería imposible lograr.

Aunque existen diferentes métodos para intentar alcanzarlo, tomando como referencia lo que ocurrió en nuestro país en épocas pasadas, el objetivo de desestabilizar la democracia recurriendo, de forma y manera sistemática, al miedo colectivo sigue siendo el mismo, aunque adopte distintas variantes. Este objetivo consiste en mantener a la sociedad en un estado de zozobra e inseguridad generalizada, valiéndose del terror a través de la violencia, el desprestigio y el crimen callejero.

Se trata de una fórmula soterrada para fomentar el descrédito de la democracia, ya no solo como régimen de gobierno, sino como sistema de gobernabilidad. Esto es particularmente grave cuando se considera que nos encontramos en la antesala de un proceso electoral reñido, fraccionado, sobrepoblado y controvertido, en el cual las decisiones que tomen los electores pueden marcar un antes y un después para el país.

En este contexto, se evidencia un intento de golpe de Estado contra la democracia. Aunque este fue neutralizado en su momento mediante decisiones drásticas, todavía subsisten muchas de las condiciones y factores que inicialmente impulsaron la decisión de subvertir el orden constitucional.

Democracia fraccionada

Entendemos que la democracia tradicional se caracteriza por la separación y autonomía de los poderes del Estado. Cada poder es independiente y actúa según las prerrogativas que señala la Constitución Política, garantizando un equilibrio que permite la fiscalización mutua y recíproca. Esto previene que cada poder exceda sus atribuciones y abuse del derecho.

El Poder Ejecutivo diseña e implementa las políticas de Estado; el Parlamento, por su parte, legisla y define el marco normativo más adecuado; mientras que el Poder Judicial administra justicia y aplica las leyes.

Sin embargo, aunque este esquema permite pensar que vivimos en democracia, en la práctica existen fórmulas soterradas que la minan desde adentro. A diferencia del terrorismo subversivo o los golpes de Estado que atacaban desde afuera, estas amenazas internas utilizan los mismos mecanismos y prerrogativas que brinda la democracia y el Estado de derecho para desestabilizarlo.

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La población puede creer que vivimos en democracia, aunque en la práctica esto no sea del todo cierto. Quienes denuncian los abusos del gobierno son, a menudo, acusados de obstruir su labor. Se descalifican las críticas señalándolas como exageraciones provenientes de la oposición, o incluso se las etiqueta como persecución política destinada a criminalizar comportamientos funcionales en contra de la gobernabilidad.

En este contexto, se recurre frecuentemente a un discurso elocuente que afirma que debe primar el respeto absoluto al Estado de derecho. Sin embargo, esta retórica encubre la presunción de inocencia mal entendida, la inmunidad funcional y otras decisiones tímidas que esconden intereses sectarios vinculados a la política o privilegios personales que la ley no permite.

Legislar a favor del caos

No cabe duda de que la delincuencia callejera en nuestro país, en los términos y condiciones en los que se presenta, no solo se ha vuelto más peligrosa y omnipresente, sino que su manejo tergiversado no ha ayudado en la lucha contra el crimen.

Para muchos ciudadanos, resulta paradójico e incomprensible que se estén aprobando leyes que, en lugar de fortalecer las acciones del Estado contra el crimen, parecen desestabilizarlas. En lugar de empoderar a los funcionarios encargados de combatir la delincuencia, se debilita el marco legal, generando vacíos normativos que, en la práctica, favorecen a los criminales.

Bajo la aparente solvencia moral y jurídica para reformar las leyes, se han modificado de manera sorpresiva disposiciones claves en la lucha contra el crimen organizado, como la detención preliminar, sin mayores justificaciones ni consultas técnicas. De igual forma, se han alterado normas procesales relacionadas con allanamientos, y se han realizado cambios en las leyes orgánicas del Ministerio Público y el Poder Judicial que afectan directamente sus funciones.

Petardear la institucionalidad

Aunque existen diferencias en el manejo político de los conceptos de terror y terrorismo, en la práctica ambos pueden compartir fines similares. No se trata de un simple juego de palabras, sino de reconocer que el terror no solo tiene implicancias delictivas, sino también políticas.

La consolidación progresiva de un esquema de desestabilización del marco legal puede ser parte de una estrategia para desprestigiar la institucionalidad y el Estado de derecho. Al aumentar la inseguridad, no solo crece la criminalidad, sino también el descontento social.
El debilitamiento del rol de jueces, fiscales y la institucionalidad judicial contribuye a mostrar la supuesta inutilidad de las leyes frente al crimen, utilizando el miedo y el terror como herramientas políticas.

Un proceso electoral crucial

En este panorama, nos encontramos frente a un proceso electoral clave para la historia del Perú, donde se tomarán decisiones trascendentales para el futuro de la nación. La desestabilización interna y el desprestigio de las instituciones podrían tener consecuencias graves si no se toman medidas para reforzar la democracia y el Estado de derecho.

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