Los «voceros oficiales» del gobierno de Pedro Castillo

Por Luis Lamas Puccio

Mediante la Resolución Ministerial N° 238 – 2022 refrendada por el actual presidente del Consejo de Ministros, se designa como «voceros oficiales del Poder Ejecutivo» a determinados ministros, para que con nombre propio defiendan las actuales políticas de Estado, la gobernabilidad y la propia democracia.

Sin mayores razones que justifiquen los criterios para tales designaciones, se nombró a los ministros que ocupan las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo, de Justicia y Derechos Humanos, de Comercio Exterior y Turismo y de Educación.

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Los argumentos son que todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión, la expresión de las ideas y la difusión del pensamiento, mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, sin censura o impedimento alguno, siempre bajo las responsabilidades de ley. Se fundamenta tal decisión en el artículo 123° de la Constitución Política, que refiere que es una atribución del presidente del Consejo de Ministros, como portavoz autorizado del Gobierno, coordinar las funciones que competen a los ministerios en cuestión.

Aunque la Constitución no señala de manera textual que los ministros son los portavoces de las políticas de Estado, la gobernabilidad o la democracia, es más que obvio que así tenga que ser, sobre todo por la relevancia del cargo y porque representan al Gobierno en cada uno de sus sectores. La cuestión es si se amerita que una resolución ministerial precise con nombre propio una labor nominativa que en realidad compete a todos los ministros.

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