Marianella Ledesma, extitular del TC, acusa al Congreso de legislar en favor de la criminalidad y critica al Gobierno
Sostuvo que el Parlamento actúa como un “brazo legal” de una “organización criminal.”
La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, lanzó duras críticas contra el Congreso de la República, afirmando que este organismo legislativo crea leyes que no benefician a los ciudadanos, sino que favorecen la criminalidad.
Ledesma sostuvo que el Parlamento actúa como un “brazo legal” de una “organización criminal” que afecta gravemente la lucha contra la delincuencia en el país.
Ledesma precisó que el Congreso impulsó leyes que redujeron la efectividad tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional, instituciones clave en la lucha contra el crimen.
“Estamos ante el peor Gobierno de la historia, y el Congreso legisla con normas que debilitan la capacidad de acción de la Policía y del Ministerio Público frente a la criminalidad”, afirmó.
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La exmagistrada no solo dirigió sus críticas al Parlamento, sino también al Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte. En su opinión, el actual Gobierno se caracteriza por “altos índices de criminalidad, inseguridad y corrupción”, situación que, según Ledesma, llevó al país a un deterioro profundo de la seguridad ciudadana.
“Vivimos bajo una organización criminal, y el brazo legal de esa organización es el Congreso”, denunció Ledesma, quien además señaló que las leyes recientemente aprobadas, como la ley de allanamiento y la ley de organización criminal, no buscan proteger a la ciudadanía, sino que debilitan las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
A pesar de sus fuertes declaraciones, Ledesma aclaró que no tiene intención de participar en política. “No voy a postular a ningún cargo político ni estoy inscrita en ningún partido”, aseguró, descartando cualquier especulación sobre sus posibles aspiraciones.
Finalmente, la exjueza instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a la legislación aprobada por el Congreso y a demandar mayor responsabilidad por parte de sus representantes en el Parlamento.
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