Martín Vizcarra y otros procesados también podrían pedir asilo argumentando persecución política, dice constitucionalista Luciano López
Investigados y/o procesados por recibir dinero ilícito de empresas brasileñas podrían acogerse a beneficio como refugiados.
El asilo diplomático otorgado por Brasil a la ex primera dama Nadine Heredia, sentenciada el último martes a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos, puede sentar un precedente para que otros ex altos funcionarios procesados por delitos de corrupción o similares puedan acogerse a este recurso y evadir la justicia del país.
Así lo sostuvo el abogado constitucionalista Luciano López, quien advirtió que otros exfuncionarios como el expresidente Martín Vizcarra y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, investigados y acusados de presuntamente haber recibido financiamiento irregular de empresas brasileñas, también podrían solicitar este beneficio diplomático al vecino país.
“Lo que puede ameritar es que inmediatamente Martín Vizcarra, Susana Villarán, pueden tocarle la puerta a Brasil y decirle ‘oye, por si acaso yo estoy en lo mismo, tengo financiamiento de empresas brasileñas que nuestra defensa considera que no es delito porque nunca estuvo previsto en la ley’”, indicó.
“Cuando el Estado brasileño ha dicho que eso es un tema político, entonces las puertas ya se abrieron para todos esos casos”, agregó.
Judicializar caso
En ese sentido, el constitucionalista explicó que, si bien el Perú estaba obligado a otorgar el salvoconducto para que Heredia pudiera abandonar el país, el Estado está en la potestad de acudir a instancias internacionales y denunciar que Brasil incumplió el tratado americano de soluciones pacíficas o Pacto de Bogotá de 1948 al aprobar el asilo diplomático en favor de la ex primera dama.
Esto debido a que el gobierno de Lula da Silva calificó como delito político el caso y la sentencia recibida por Heredia por lavado de activos, pese a tratarse de un delito y a las pruebas existentes de los hechos.
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“El Pacto de Bogotá de 1948 establece que, cuando hay un incumplimiento de tratados entre los Estados americanos, lo que inmediatamente se tiene que usar son los mecanismos de solución. Uno de ellos es incluso judicializar el caso y llevarlo nada más y nada menos que a la (Corte) de La Haya”, explicó López.
“Otro país no puede venir a calificar esos asuntos como temas políticos porque incumple un tratado”, apuntó.
Por tales motivos, el especialista en materia constitucional instó a la prensa y otras instituciones a instar al Gobierno peruano a llevar el caso a instancias internacionales. De lo contrario, aseveró, estaría avalando el falso argumento de que la ex primera dama Nadine Heredia es una perseguida política.
“Tendríamos que reclamar desde la prensa, desde las otras entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, en que se inicie inmediatamente un procedimiento”, sentenció.
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