Más de 140 alcaldes rurales dicen haber sido obligados a trasladarse a Lima para reunión con presidenta Dina Boluarte
Para ser beneficiados con el programa 'Llamkasun Perú' (antes Trabaja Perú).
Un total de 144 alcaldes de distritos rurales denunciaron que el Gobierno los obligó a trasladarse a Lima para participar en una ceremonia protocolar en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, pese a que ya habían firmado previamente los convenios del programa Llamkasun Perú (antes Trabaja Perú) desde sus regiones.
La revelación fue hecha por el programa dominical Punto Final, que accedió a documentos oficiales y testimonios de los burgomaestres afectados.
Según el reportaje, el Ministerio de Trabajo convocó a los alcaldes el pasado 12 de mayo, con apenas tres días de anticipación al evento desarrollado el día 15.
La citación indicaba que su participación presencial era necesaria “con el fin de dar inicio al proceso de transferencia financiera” hacia sus municipalidades, lo que fue interpretado por los ediles como una condición obligatoria para no perder el financiamiento.
“Tuvimos que venir para poder firmar, cuando se puede hacer en el mismo Huánuco. Si no vengo, se pierde todo”, afirmó uno de los alcaldes entrevistados, quien señaló además que viajó más de 15 horas por carretera, exponiéndose a accidentes y sin recursos para cubrir gastos.
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Las autoridades locales explicaron que ya habían suscrito los convenios y enviado la documentación escaneada, por lo que calificaron el evento como innecesario. Así lo corroboró un jefe zonal del programa, quien aseguró que “todo ya estaba firmado”.
La jefa del programa Llamkasun Perú, Jessica Tumi Rivas, militante del partido Alianza Para el Progreso (APP), justificó la convocatoria señalando que se trataba de “proyectos de inversión” y que la asistencia no era obligatoria.
Sin embargo, la contradicción entre su declaración y el contenido del documento oficial generó malestar entre los alcaldes, quienes señalaron que se usó un acto formal con fines mediáticos, sin considerar las condiciones precarias ni los riesgos que enfrentan para llegar a la capital.
Una resolución del Ministerio de Trabajo vigente desde enero permite que las autoridades distritales firmen estos convenios en sus propias regiones, lo que refuerza las críticas hacia la medida adoptada por el Ejecutivo.
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