Mininter: Contrato de 56 millones con esposa de exministro Rubén Vargas genera controversia
Fue consultora de proyecto destinado a 'mejorar' servicios de prevención del delito en zonas vulnerables.
Milagros Leiva reveló en su programa que el Ministerio del Interior (Mininter) firmó un contrato de 56 millones de dólares con María Alicia Solari, esposa del exministro Rubén Vargas.
María Alicia Solari, quien tenía mucha influencia, fue contratada como consultora para un proyecto destinado a mejorar los servicios de prevención del delito en las poblaciones más vulnerables del Perú, según revelo este viernes el programa periodístico 'Milagros Leiva, Entrevista'
El referido trabajo fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dirigido por José Manuel Villaorduña Aristondo, quien anteriormente se desempeñó como asesor de Rubén Vargas durante su gestión en el Mininter, lo que evidenciaría la existencia de corruptela en el más alto nivel, que enloda entidades financiares de índole internacional.
El Mininter firmó un convenio con el BID en 2019, por más de 40 millones de dólares, para financiar este proyecto de prevención del delito. Sin embargo, en 2020, el presupuesto del proyecto se incrementó a 56 millones de dólares. De este monto, 50 mil soles fueron asignados a los servicios de consultoría de Solari.
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La contratación de la esposa del exministro para un proyecto dirigido por un exasesor de Vargas suscitó críticas y sospechas de posibles conflictos de interés. José Manuel Villaorduña Aristondo, en su rol de director ejecutivo del proyecto, fue responsable de la supervisión y ejecución de los fondos proporcionados por el BID.
En 2023, un comité de evaluación aprobó la consultoría de María Alicia Solari, recomendando su contratación para el diseño y desarrollo de investigación sobre la medición del riesgo de trata de personas. Este comité justificó su decisión basándose en la experiencia y competencias profesionales de Solari.
La revelación pone en entredicho los procedimientos de contratación y la transparencia en la gestión de fondos públicos, subrayando la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las contrataciones del Estado para evitar cualquier sospecha de favoritismo o corrupción.
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