Moción de censura contra Gustavo Adrianzén toma fuerza tras alcanzar firmas en Congreso
Luego de cuestionamientos por su falta de respuesta ante problemas nacionales.
Congresistas de diferentes bancadas lograron reunir 35 firmas para formalizar una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a quien acusan de mostrar una “manifiesta incapacidad” para liderar respuestas efectivas frente a la creciente ola de criminalidad en el Perú.
La iniciativa parlamentaria detalla nueve cuestionamientos dirigidos al premier, con énfasis en la falta de una estrategia multisectorial para combatir el crimen organizado, el sicariato y las extorsiones.
Según los legisladores, el Gobierno permitió que la violencia se dispare a escala nacional sin diseñar un plan que articule a los distintos sectores del Ejecutivo.
Temas insuficientemente abordados
Los congresistas también critican a Adrianzén por respaldar al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a las múltiples denuncias en su contra, así como por designar como sucesor a Julio Díaz, quien —según afirman— “representa la continuidad de un modelo fallido”.
Otro punto de la moción hace referencia a la situación crítica en Pataz, La Libertad, donde grupos criminales ligados a la minería ilegal consolidaron su presencia en medio de una escalada de violencia.
“El Ejecutivo ha sido incapaz de revertir esta situación que se extiende ya por muchas regiones del país; tampoco de diseñar un plan protección efectiva para el sector minero formal”, advierte el documento.
Otras crisis
Además, los parlamentarios reprochan al titular de la PCM su gestión ante casos como las intoxicaciones escolares relacionadas con alimentos entregados por el programa Wasi Mikuna, el derrame de petróleo en Ventanilla, y el salvataje financiero de más de 4 mil millones de dólares a Petroperú.
Finalmente, los firmantes critican a Adrianzén por respaldar la propuesta del ministro de Justicia, Eduardo Arana, de imponer franjas informativas obligatorias en medios de comunicación privados durante los estados de emergencia, lo cual —según indican— representa “una amenaza directa a la libertad de prensa”.
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