Nicanor Boluarte y su red oculta | Falsas promesas y coimas para ser subprefecto
Hermano de la presidenta fue expuesto.
En un reciente reportaje se destaparon detalles preocupantes sobre una presunta estafa en la asignación de cargos públicos relacionados con las prefecturas en diferentes regiones del país y que involucra al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte
La protagonista de esta historia es Alicia Baldeón, una postulante a subprefecta de Nasca, quien denuncia haber sido víctima de un engaño por parte de personas que se hacían pasar por representantes políticos.
Según el relato de Baldeón, todo comenzó con una oferta tentadora por parte de un individuo que se presentaba como Pablo Tolentino Sánchez, aunque su verdadero nombre es Luis Valdez Igreda.
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Este falso personaje se ofreció a gestionarle un puesto en el Estado, a cambio de una suma de dinero, específicamente la subprefectura en la región Huánuco. Sin embargo, a medida que avanzaba la supuesta negociación, Alicia descubrió que las promesas no se cumplían y que fue afectada de un fraude.
El engaño se extendió más allá de Tolentino Sánchez, ya que también estaba involucrada una mujer que se hacía llamar Vanessa Palomino, pero cuya verdadera identidad es Fanny Huamán Huamán.
Esta última, según detalles y pruebas presentadas por la primera mujer mencionada, estaría vinculada con el partido político de Nicanor.
La trama se complica aún más cuando se revela que Huamán habría utilizado su posición para ofrecer cargos públicos a cambio de sumas de dinero a otros candidatos, incluyendo la subprefectura en la región de Nasca, donde Baldeón reside.
El caso toma un giro inesperado cuando Alicia descubre la verdadera identidad de los involucrados y la falta de veracidad en las promesas que le habían hecho.
A pesar de múltiples intentos por recuperar su dinero y recibir una explicación por parte de los responsables, Baldeón asegura que no ha obtenido respuestas satisfactorias.
Este escándalo generó preocupación en la opinión pública, pues pone en evidencia posibles prácticas corruptas y fraudulentas en la asignación de cargos públicos, un tema de gran relevancia en el contexto político del Perú.
Hasta el momento, los acusados no emitieron declaraciones al respecto, lo que aumenta las dudas sobre la veracidad de sus acciones y la transparencia en los procesos de designación de puestos en el gobierno, según informó Cuarto Poder.
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