ONG europeas financian sentencias de la Corte-IDH

Ahora está claro que el financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte-IDH no necesariamente proceden de los canales regulares de los países signatarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino que tienen cada vez más fuerza los fondos de entidades extracontinentales, oenegés y fundaciones con agenda propia, como la LGTB y los temas de género, lo cual ha propiciado la instrumentalización ideológica y política de los derechos humanos sobrepasando y contraviniendo la naturaleza y alcance original del Pacto de San José.

Tales son las conclusiones que están fundamentadas en el trabajo “Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021”, escrito por Sebastián Schuff y María Anne Quiroga, patrocinado por la ONG Global Center for Human Rights, y en el seguimiento hecho sobre el tema que el expresidente del Congreso de la República y exembajador del Perú en la OEA, Ántero Flores-Aráoz.

“El financiamiento extra OEA es sumamente peligroso, pues como dice un antiguo refrán, “quién paga la olla, escoge el menú”, y en la práctica hay un sometimiento del Sistema a los intereses de los aportantes al mismo, hasta que ellos a veces se dan cuenta que lo que están haciendo es pagar el precio de la soga con la que pueden ser colgados”, afirma el jurista.

El Sistema de Derechos Humanos ha sufrido sobre todo una crisis de credibilidad y por ende de financiamiento desde 2011 y estalló en 2016. Se suspendieron audiencias, el despido de personal era inminente, así que los países acordaron un incremento gradual del 33% anual a cada órgano del Sistema por año, lo cual significó duplicar el presupuesto ordinario otorgado por la OEA al término de tres años. Pero eso fue flor de un día.

La CIDH elevó sus fondos de cerca de 10 millones de dólares en 2013 a más de 15 millones de dólares en 2021, la mayor parte en este último año con fondos extracontinentales o de las ONG de Europa, principalmente. Y la Corte IDH elevó sus ingresos de más de 2.5 millones en 2009 a unos 8 millones de dólares e 2021. Un buen porcentaje también eran recursos al margen de los países de la OEA.

Agenda propia

Entre los principales aportantes están primero España y Noruega, luego vienen las ONG y fundaciones como de Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Holanda e Italia, sin que deje de participar Open Society Fundations de George Soros. También la Unión Europea, así como la fundación norteamericana National Endowment for Democracy (NED).

El problema es que esos recursos vienen con agenda propia. Y es que desde el año 2009, la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo (AECID), por poner un ejemplo, destinó US$ 4’737,478 a la Corte IDH para diversos proyectos. Para el 2016, esta misma agencia estatal solventó el proyecto “Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual y garantías del debido proceso”. Este salto implica que España financia “la producción de sentencias” contra países miembros del Sistema.

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A resultas de este este tipo de injerencia, “el 26 de febrero de 2016, la Corte IDH emitió su primera sentencia del año en el caso Duque vs. Colombia, uno de los precedentes más emblemáticos sobre el fomento del reconocimiento pensionario a parejas del mismo sexo, en el cual se alegó un incumplimiento de obligaciones inexistentes en los tratados acerca de la llamada ‘orientación sexual e identidad de género’, condenando a la República de Colombia a todos sus efectos”.

Seis meses después Ecuador también fue condenado por incumplimiento obligaciones inexistentes basadas en una presunta discriminación por “orientación sexual”.

Estas resoluciones de la Corte son consideradas por los críticos como la imposición de nuevas obligaciones en favor de las personas con atracción al mismo sexo. Con el añadido que la Corte y la Comisión buscaron imponer su cumplimiento no solamente a los países condenados, sino tratando que sean vinculantes a todos los países que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, un capricho que no surge de la Convención, sino que la contraviene explícitamente.

Opiniones consultivas

En la misma línea avanzó las flotilla de ONG de otros países, y aparte de la agenda gay y de género, introdujo opiniones consultivas en la temática de derechos humanos para la protección de grupos vulnerables, a través de la emisión de estándares sobre medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, deberes de especial protección de las niñas y los niños, asilo, violencia sexual, etc.

Además del ya remarcado aporte económico con destinos específicos de agenda, está “la orientación de contenidos, lenguaje y terminologías concretas de las decisiones de la Corte –que luego son llamadas “estándares de derechos humanos”–, las cuales no siempre forman parte del léxico acordado por los países que conforman la OEA y mucho menos de lo pactado en los correspondientes tratados”, señalan Sebastian Schuff y Maria Anne Quiroga en su informe.

“Con esto se pretende, entonces, imponer unilateralmente dichos estándares. Recordamos que las opiniones consultivas de la Corte IDH han sido 9 en los últimos 16 años. En total, la Corte IDH emitió 29 opiniones consultivas desde 1981, y la emisión de tres opiniones consultivas en menos de un año ha sido un hecho inédito”, añaden.

Los críticos de la CIDH y de la Corte señalan que algunos “cooperantes” no solamente financian el desarrollo de dichas recomendaciones, sino que también costean la promoción de su cumplimiento, como se ha vista en cantidad de casos.

Por Plinio Esquinarila

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