Partidocracia: vergüenza para la democracia mientras la corrupción se aferra al poder [ANÁLISIS]

La falsificación de firmas en 28 partidos o agrupaciones políticas en nuestro medio, para intentar inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones con miras a las próximas elecciones que se deben llevar a cabo en el año 2026, es un pésimo acontecimiento que devela la cruda realidad en la que se desenvuelve no solo la política, sino una gran mayoría de los partidos políticos en nuestro país.

Las evidencias sobran y apuntan no únicamente a una red sistemática de falsificación de firmas o rúbricas, sorprendiendo hasta la fecha a más de 300 mil ciudadanos, sino —lo más grave— es que pone sobre el tapete la profunda crisis moral por la que atraviesa nuestra democracia, representada en el presente caso por los partidos políticos, que se supone son la base de la democracia ad portas de unas elecciones que deben marcar el curso de los próximos acontecimientos nacionales.

Un quiebre de la credibilidad respecto a la transparencia e idoneidad de un acto electoral por parte de nuestras autoridades, en el que, a pesar de todas las deficiencias e incorrecciones que lo caracterizan, aún las grandes mayorías de la población aspiran con algo de aliento y esperanza, por lo menos, a elegir a las autoridades lo suficientemente correctas como para enfrentar un fenómeno de corrupción que no tiene cuándo acabar.

Semilleros de la corrupción

Me refiero a los partidos políticos, que es donde se supone se forman los ciudadanos y los nuevos cuadros demócratas que representarán en algún momento la tan anhelada representación popular a través del voto electoral. Conforme a los recientes acontecimientos —y a los próximos que todavía faltan por conocerse—, se pone en evidencia la profunda crisis ética y moral de particulares proyecciones, que no hace otra cosa que reflejar las razones por las que la corrupción, como fenómeno sistémico, se ha convertido en un componente intrínseco, posiblemente el más importante de nuestra propia realidad.

Si al interior de los partidos políticos —que se entiende o se piensa son la escuela de la democracia— se falsifican y adulteran, desde hace algún buen tiempo y de manera tan grotesca y simplona, cientos de miles de firmas de ciudadanos comunes que confían en los partidos políticos, no se requiere ser un experto, y menos un visionario político, para darse cuenta de lo que sucederá en nuestra nación sobre el correcto curso de la gobernabilidad, cuando los mismos elegidos bajo estos términos de engaño y mentira lleguen a conducir las riendas de nuestra nación.

No se trata de si los partidos políticos, los que los secundan o los que los integran, están o no debidamente formados para ejercitar la transparencia gubernamental, la buena gestión representativa y la limpieza en el comportamiento grupal o corporativo en el ejercicio de la política. El problema es más profundo: pone en evidencia la crisis ética por la que atraviesa el país sin aparente solución.

Correas de transmisión

Los ciudadanos comunes y corrientes siempre nos hemos preguntado cuáles son o deben ser las causas o razones por las que la corrupción, en todo sentido, siempre se encuentra presente en la vida política de nuestra nación. La corrupción y la impunidad, no como un fenómeno legal o jurídico, sino algo más grave: como política invertida de un Estado que no encuentra rumbo.

La razón es muy sencilla: son los partidos políticos, a lo largo de nuestra historia desde la época de la Independencia, los que de una u otra forma han tenido una presencia activa, pasiva y decisiva en todos y cada uno de los casos de gran corrupción. La historia es muy larga, pero me refiero a los préstamos externos turbios, las malas administraciones en los grandes negocios del régimen guanero, el manejo de la deuda externa, la avalancha de obras públicas sin mayores justificaciones y controles, el contrato Dreyfus, la bancarrota de la banca privada y estatal, la guerra con Chile, el contrato Grace, los escándalos del contrabando, la corrupción en los regímenes militares, el narcotráfico y hasta casos más recientes como Odebrecht, el Club de la Construcción o la corrupción durante la nefasta pandemia, en la que murieron cientos de miles de peruanos.

En todos ellos primaron negociaciones turbias y escabrosas, contubernios y favores recíprocos entre los partidos políticos de turno y los salientes, tanto para protegerse recíprocamente como para encubrirse, tanto durante la misma gobernabilidad o la representación parlamentaria como después, cuando los partidos en cuestión dejaron de ser gobierno.

Hoy por ti, mañana por mí

Refiero a este aforismo tan popular en la vida política, que siempre mancha los gobiernos de turno. Un juego maquiavélico de negociaciones entre partidos políticos, tratándose de salvarse mutua y recíprocamente frente a los constantes casos de corrupción sistémica, algunos descubiertos antes y otros después.

Se suma la injerencia de los partidos políticos en el manejo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, las Procuradurías Públicas, la Policía Nacional y otras instituciones clave para el país. Todos, y solo con contadas excepciones, se han mantenido al margen de estas turbias manipulaciones.

Impunidad partidaria

Es entendible que, en alguna medida, en todas las latitudes del planeta —por más democráticos que sean los regímenes de gobierno— siempre han existido negociaciones poco claras con fines políticos partidarios. Digamos que son parte de la democracia y de su juego anverso o reverso.

Sin embargo, promulgar leyes para que los partidos políticos, como agrupaciones, estén libres de cualquier responsabilidad funcional o penal, es algo que debe pasar a la historia de nuestro país, y sobre lo cual poco o nada se ha hecho, y menos se ha dicho, tanto por conveniencia como por inconveniencia.

Me refiero a la Ley 32054, de fecha 20 de junio de 2024, que modificó el artículo 105° del Código Penal, aprobada tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, y sobre la cual no hubo ninguna crítica o cuestionamiento alguno, ni de los gremios profesionales ni de cualquier otra institución.

A través de esta ley, ahora vigente, a los partidos políticos no se les puede aplicar ninguna sanción penal (consecuencias accesorias), respecto a la posibilidad de clausurar sus locales, su disolución o liquidación, y menos aún suspender sus actividades políticas o proselitistas. Solo les corresponde sanciones administrativas, como multas o llamadas de atención por parte de los entes reguladores en materia electoral. Sobre el particular, la ley de la materia establece que solo corresponde responsabilidad penal en términos personales y nada más.

Ahora entendemos por qué, en los casos de las firmas falsas con fines electorales, la responsabilidad penal corporativa no se le puede aplicar a los partidos políticos. Se podrá descubrir a los autores materiales de las firmas falsificadas y, en alguna medida, con un poco más de suerte, a los autores intelectuales o a los conspiradores. Pero, en lo que respecta a los partidos políticos, ellos seguirán impunemente en la vida electoral, operando como si nada hubiera pasado, en razón de que los personeros políticos son personajes desechables.

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