Pedro Castillo y Roberto Sánchez quedarían inhabilitados para postular si prospera denuncia constitucional por golpe de Estado
El vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, pide inhabilitación por diez años para ellos y también para Betssy Chávez, Willy Huerta y Emilio Bobbio.
El vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones, y sus exministros Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Roberto Sánchez Palomino y Emilio Bobbio Rosas, así como contra quienes resultan responsables del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Asimismo, propuso una sanción de inhabilitación de diez años para los denunciados por la gravedad del hecho al haber dado un golpe de Estado.
De ser inhabilitados Pedro Castillo y el actual legislador Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), no podrán presentarse a ningún cargo de elección popular.
Hay que recordar que Roberto Sánchez preside el partido Juntos por el Pueblo, que hasta el momento se mantiene como el único aliado de Antauro Humala.
De acuerdo con la denuncia presentada por el legislador ante la Subcomisión de Acusaciones del Parlamento, Castillo y sus exministros habrían infringido los artículos 2 (incisos 11, 12 e inciso 24, apartado f), 38, 39, 45, 46, 51, 90. , 93, 102, 103, 104, 108, inciso 1 del artículo 118, 120, 126, 128, 134, inciso 1 del 137, 138, 143, 146, 150, 154, 155, 158, 159, 201, 202 y 206 de la Constitución Política del Perú.
Según la denuncia constitucional, se ha evidenciado que Castillo mantuvo una conducta dolosa y sistemática de quebrantamiento del orden democrático desde el inicio de su mandato, mediante el otorgamiento de una serie de proyectos de ley, como la iniciativa de reforma constitucional para una asamblea constituyente, materializada en el Proyecto de Ley N° 1840/2021-PE, que fue archivado por la Comisión de Constitución por contravenir los principios y valores constitucionales.
“Ante la imposibilidad jurídica de poder seguir con los actos de quebrantamiento del orden constitucional y frente a los actos de corrupción que lo involucraban, fue que realizó el golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022 que generó las siguientes infracciones constitucionales: instaurar un gobierno de facto, disolución inconstitucional del Congreso de la República, convocatoria a un nuevo Congreso con facultades constituyentes, gobernar por decreto ley, toque de queda, reorganización del Poder Judicial, reorganización del Ministerio Público, reorganización del Junta Nacional de Justicia, reorganización del Tribunal Constitucional”, señala el documento.
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Se añade que el quebrantamiento del orden constitucional efectuado por Castillo a través de la comisión de infracciones constitucionales, ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional (TC).
“No hay margen de duda de que expresamente en este mensaje se dispuso establecer un gobierno de facto. (…) En otras palabras, se advierte del contenido esencial de tal discurso que aquellas medidas de carácter extremo que el expresidente Pedro Castillo pretendía instaurar definitivamente no se encontraban en el marco jurídico de la Constitución y, por tanto, no se configuraban en actos de irrestricto respeto a lo dispuesto en la Carta Magna”, indica el máximo intérprete de la Constitución.
Además, el TC señala que se trató de una orden transmitida por un presidente de la República, quien, según el artículo 110 de la Constitución, es el jefe del Estado y personifica a la Nación (además de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional), y que consciente y voluntariamente decidió emitir este pronunciamiento dirigido a toda la ciudadanía.
“Si en tal condenable comportamiento actúo con el apoyo o complicidad de terceros, o no, es algo que deberán determinar las autoridades competentes, mas no lo exime en lo absoluto de ser el actor principal y directo de tales sucesos”, indica.
Betssy Chávez
Según la resolución legislativa Nº 009-2022-2023-CR, se dan las condiciones necesarias para la formación de causa penal contra Chávez Chino, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, en el extremo de presunta coautora de la comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión y conspiración.
De acuerdo a la denuncia constitucional, se ha podido determinar que Chávez Chino facilitó el ingreso del equipo de TV Perú al despacho presidencial para la transmisión del mensaje presidencial, pese a que, tanto en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como en el despacho presidencial, existen funcionarios a cargo de la coordinación con los medios de prensa.
Asimismo, señala la acusación, se ha podido recabar testimonios de diversos testigos que ubican a Betssy Chávez antes, durante y después de la emisión del mensaje presidencial.
“La conducta posterior de la denunciada a la emisión del mensaje no fue de rechazo al mismo, existiendo testimonios en donde habría señalado la intención de tener un adelanto de elecciones y la emisión de un decreto supremo para concretarlo. La denunciada y su defensa técnica se han allanado a la denuncia constitucional”, sostiene el documento.
De otro lado, la resolución N.° 52 del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró la procedencia del juicio oral, y la procesa en calidad de coautora del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346° del Código Penal, en agravio del Estado.
Entre otros hechos imputados, el Poder Judicial destaca la participación de Chávez Chino en la preparación del mensaje presidencial que pretendía quebrar el orden democrático.
“Siendo las 21 y 49 horas del día 6 de diciembre del 2022, los coacusados Chávez Chino, Torres Vásquez y Castillo Terrones se reunieron en el despacho presidencial, donde se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje a la nación. Luego, a las 23 y 4 horas, la acusada Chávez Chino se retiró de dicho ambiente con dirección a la sede de la PCM”, se indica en la resolución del juzgado.
Asimismo, enfatiza el interés de la acusada en que los manifestantes adeptos a Pedro Castillo puedan ingresar a las inmediaciones de Palacio de Gobierno, para simular el apoyo del pueblo al golpe de Estado asestado por el entonces mandatario.
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“Asimismo, la acusada Chávez Chino se comunicó con el coacusado (Willy) Huerta Olivas, entonces ministro del Interior, a quien solicitó, a instancia del exmandatario, disponer de los efectivos de la Policía Nacional ubicados en el perímetro de Palacio de Gobierno, para que permitan el ingreso de manifestantes a favor del gobierno a la Plaza de Armas, para lo cual el ex titular del Interior trasladó lo solicitado al coacusado Lozada Morales entonces Jefe de la VII Región Policial Lima, quien manifestó al respecto: “(…) el Ministro del Interior, Willy Huerta, me consultó si era posible abrir las rejas para que ingresen los manifestantes a favor del Gobierno a la Plaza de Armas (…)”; lo cual fue afirmado por el acusado Huerta Olivas, agregando que; (…) Eso fue porque la ex premier Betssy Chávez Chino (…) me consultó, según me dijo por encargo del ex presidente Castillo Terrones (…)”, señala el documento.
La denuncia constitucional destaca el comportamiento de Chávez, una vez fracasado el golpe de Estado, ya que quiso obtener un asilo político.
“Tras haber atentado contra los poderes del Estado y orden constitucional, la acusada Chávez Chino protagonizó un intento de huida con rumbo a la embajada de los Estado Unidos Mexicanos en el Perú, lo cual ha sido confirmado por el propio conductor de la PCM Cristian Pedro Martínez Valencia, quien ha afirmado: “Cuando la ex premier Betssy Chávez Chino abordó el vehículo, ella misma nos dijo que nos dirijamos a la Embajada de México”, subraya la denuncia.
Willy Huerta
Al exministro del Interior, se le atribuye ser coautor de la comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión y conspiración en agravio del Estado.
Como medio probatorio está la declaración del entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado.
“Recibí una llamada vía WhatsApp del ministro de Interior, Willy Arturo Huerta Olivas […] indicó que se encontraba en Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República, entonces el presidente señaló: “General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación, además […] teníamos que dar seguridad la casa de sus padres, de la Premier Betssy Chávez Chino y de Aníbal Torres Vásquez”, señala Alfaro.
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