Plan contra la criminalidad no puede ser elaborado con nombre propio

Es imposible para cualquier país medianamente desarrollado enfrentar un problema tan complejo como la delincuencia, con todas y cada una de sus particularidades, si es que antes, por lo menos en papel, no media de manera concienzuda y responsable el diseño de un gran plan nacional contra la criminalidad, que aborda la problemática desde sus diferentes facetas, tanto en lo policial, judicial, legal y penitenciario.

En realidad, resulta irresponsable suscitar algunas acciones esporádicas, aisladas o con nombre propio para suscitar expectativas que resultan infundadas, no solo porque se contribuye en hacer más complejo y enmarañado el problema del tratamiento de la delincuencia, sino porque se hace evidente que se desconoce la etiología del problema, en razón a que lo que se busca no es otra finalidad que hacer un proselitismo político, a costa del bienestar y la credulidad de la gran mayoría de peruanos.

Hablamos de un problema prioritario para nuestra sociedad, que tiene al país en un estado de zozobra y desasosiego, en tanto que ante el desconocimiento del problema y la carencia de un liderazgo firme y convincente sobre todo con visión futuro, hace más que propicio que surjan toda clase de iniciativas, la mayoría improvisadas e inventadas, que más buscan réditos políticos que otra cosa. Incluso, resultan hasta contraproducentes no solo porque no son viables, sino que retroalimentan el problema al suscitar mayor desorden, superposición de funciones y caos generalizado.

Hago esta somera introducción, porque constantemente verificamos no solo el crecimiento de la delincuencia en todas y cada una de sus modalidades, sino porque el problema cada vez adquiere mayores ribetes y dimensiones hasta haberse convertido, posiblemente, en el primer problema del país.

Una visión de conjunto

Es de vital importancia para cualquier acción que se intente emprender, en tanto que la prevención, control, represión y posterior tratamiento de la delincuencia bajo sus distintas modalidades, implica antes que nada tener presente que lo que acontece en una parte o en una de las instituciones que son parte de un mismo conglomerado, a la larga trastoca todo el sistema judicial y hace que sea disfuncional o contradictorio.

Interferir en la labor policial, reformándola y sometiéndola al poder político con reforma institucional tras posteriores reformas, no solo limita su operatividad y eficiencia en términos de investigación y prevención, sino que repercute en el trabajo de los fiscales, que depende de la eficiencia y pulcritud de las investigaciones.

A la misma vez, el entorpecimiento o manoseo político de la labor de los fiscales en todas las instancias del Ministerio Público, dañan el rol de los jueces que administran justicia, los mismos, que a su vez, ahora dependen de una nueva institución creada para fines de control y fiscalización con fines políticos; la que desestabiliza todo el sistema en tanto que son los magistrados los que pueden privar de la libertad a los justiciables.

A todo ello, se suma que quienes promulgan o modifican las leyes, no dependen de ninguna de estas instituciones sino por el contrario se trata de un poder del Estado que muchas veces vive de espaldas a esta realidad, en razón a que se trata de una institución como el Parlamento que opera con fines más políticos, en tanto que dependiendo de quien gobierna y que partido político tiene la mayoría congresal, aprueba o desaprueba infinidad de normas que repercuten en el sistema judicial.

Hablamos de que el marco legal penal siempre resulta modificado por una entidad ajena a la justicia que muchas veces más busca rédito político que otra cosa. A ello, se agrega un sistema carcelario colapsado que poco o nada puede hacer para la rehabilitación del recluso, y que además depende directamente del gobierno que se encuentra en actividad.

Criminalidad organizada

Un plan nacional contra la criminalidad persigue poner orden, racionalidad, coherencia y lógica frente a la situación de caos y desorden que impera en nuestro medio.

No hablamos solo de la delincuencia callejera o urbana, que por lo general es la que despierta el mayor interés de los medios de comunicación, sino de una criminalidad organizada y de cuello blanco que dispone de todo tipo de soportes y mecanismos para pasar desapercibida, incluso como si no existiera.

Se suma, el sicariato, los feminicidios, los delitos contra la libertad sexual en agravio de menores, el homicidio agravado, el lavado de activos, la corrupción en sus distintas modalidades, el terrorismo, la delincuencia ambiental, los delitos contra la fe pública, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el crimen organizado callejero, y toda una larga lista de delitos.

Por Luis Lamas Puccio

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