Polémica por viaje de Dina Boluarte, ¿cederá mar peruano a globalismo? Esto respondió canciller Elmer Schialer
Críticas crecen ante próxima firma de acuerdo.
La presidenta Dina Boluarte causó preocupación entre sectores constitucionalistas tras anunciar su próxima participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, que se celebrará este 8 de junio en Niza, Francia.
Según advirtió el jurista Fernando Altuve, la mandataria planea suscribir el Acuerdo BBNJ —instrumento de aplicación de la Convención del Mar— lo que, a su juicio, podría comprometer la soberanía marítima del Perú al reducir de facto su dominio de 200 millas a tan solo 12.
Frente a esta advertencia, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, intentó calmar las inquietudes. “Ella va a firmar el convenio BBNJ, por supuesto, pero no pone en entredicho bajo ningún concepto la soberanía del Perú en el mar territorial de Grau, que es de 200 millas”, aseguró el canciller.
No obstante, diversas voces del ámbito jurídico y político solicitaron mayor transparencia sobre el contenido y las consecuencias legales del tratado que firmaría Boluarte ante líderes internacionales como Emmanuel Macron.
El Acuerdo sobre la Biodiversidad, más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), busca garantizar la protección ambiental de zonas marinas internacionales.
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Aprobado el 19 de junio de 2023 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, el tratado fue promovido como una herramienta global contra la contaminación marina. Sin embargo, su aplicación suscita dudas sobre posibles impactos en los derechos históricos que naciones costeras, como el Perú, reclaman sobre su mar adyacente.
Vale recordar que, durante una ceremonia oficial, Boluarte agradeció al Congreso por autorizar su viaje a Francia y afirmó que su participación internacional pretende “defender nuestras 200 millas de nuestro mar de Grau”.
También expresó su intención de denunciar la contaminación plástica que afecta al ecosistema marino. “Alzaré la voz allá en Europa para proteger nuestro océano”, resaltó.
Pese a esas declaraciones, el llamado de alerta de Altuve cobró fuerza. Para él, la firma del acuerdo no es un simple acto diplomático, sino un gesto que podría alinearse con una agenda globalista que debilitaría la soberanía marítima nacional. “Hay que defender el mar de Grau”, sostuvo tajantemente.
A la controversia marítima se suma otra propuesta del Ejecutivo, también liderada por el primer ministro Eduardo Arana: trasladar reos peligrosos peruanos al CECOT de El Salvador, la megacárcel que alberga a pandilleros de alta peligrosidad.
Aunque la medida aún no se concreta, Schialer confirmó que el tema ya fue transmitido a San Salvador a través del embajador salvadoreño en Lima.
“Nosotros tenemos un problema de inseguridad importante y un hacinamiento carcelario inadmisible”, reconoció el canciller, y explicó que esta eventual cooperación internacional —aunque no gratuita— sería una alternativa pragmática.
Sin embargo, evitó dar detalles sobre los costos que asumiría el Estado peruano, señalando que ese análisis corresponde a los técnicos del sector.
El Gobierno avanza así en dos frentes internacionales sensibles: la preservación de recursos marinos bajo el marco de acuerdos multilaterales y una estrategia contra el crimen organizado que contempla colaboración penitenciaria transnacional.
Ambas acciones siguen bajo el escrutinio público y político, en un contexto donde la defensa de la soberanía y la seguridad interna no admiten interpretaciones ambiguas.
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