Premier Eduardo Arana busca alianzas con Congreso y Poder Judicial para responder al clamor ciudadano
Jefe del Gabinete también destacó urgencia de coordinar con entidades judiciales para agilizar respuestas ante delitos vinculados al crimen organizado.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, activó una etapa de acercamiento político con los titulares del Congreso de la República y del Poder Judicial, con el objetivo de consolidar consensos institucionales que impulsen reformas legislativas y mejoren la respuesta estatal ante las demandas ciudadanas.
Esta ronda de coordinación se desarrolló mientras el Ejecutivo anunció la instalación de una mesa de trabajo multisectorial en la provincia de Pataz (La Libertad), donde la minería informal y la violencia provocó una creciente preocupación social.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Arana sostuvo encuentros con el titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana, y con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para fortalecer los canales de cooperación entre los tres poderes del Estado.
“Esta ha sido una primera reunión y una muestra del acercamiento que impulsamos desde el Ejecutivo”, declaró el premier tras reunirse con la máxima autoridad judicial del Perú.
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Durante su cita con el presidente del Congreso, Arana propuso establecer una agenda compartida que permita debatir, de forma previa, las iniciativas legislativas entre ambos poderes.
“El objetivo es dar mejores normas al país”, enfatizó, tras reiterar la necesidad de aprobar el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano como respuesta a la creciente inseguridad.
El jefe del Gabinete también destacó la urgencia de coordinar con las entidades judiciales para agilizar respuestas ante los delitos vinculados al crimen organizado. “Nos interesa mejorar el diálogo con todos los actores del sistema de justicia”, sostuvo.
Paralelamente, Arana anunció que en los próximos días se instalará una mesa de trabajo multisectorial en la provincia de Pataz, que congregará al alcalde provincial, autoridades distritales, representantes de las compañías mineras y organizaciones de la sociedad civil.
“Vamos a trabajar de la mano con la población, pero también las autoridades deben colaborar. Desde la PCM lideraremos este proceso para que se encuentren soluciones efectivas”, aseguró.
La medida busca atender de forma integral la crisis social y minera que enfrenta la región liberteña, donde operan grupos ilegales y se registra un alto índice de conflictividad.
Previamente, el premier sustentó ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento el incremento del límite de gasto de la PCM para marzo y abril de 2025.
Explicó que este ajuste responde a las necesidades operativas de entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el OSINFOR, el INEI y el OEDI, cuyas funciones resultan importante en la planificación estatal.
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