Protestas en Venezuela: más de 100 menores presos por régimen de Nicolás Maduro
Las duras condiciones en la prisión de Tocuyito preocupan a los padres de los menores.
El régimen de Nicolás Maduro intensificó su represión en Venezuela, encarcelando a más de 100 menores de edad tras las protestas que se desataron luego de las polémicas elecciones presidenciales, donde Maduro fue declarado vencedor en medio de denuncias de fraude.
Según cifras oficiales, 114 jóvenes fueron detenidos y acusados de graves delitos, como terrorismo e instigación al odio, lo que generó una ola de preocupación entre las familias afectadas y las organizaciones de derechos humanos.
Como es público, los jóvenes, que participaron en las manifestaciones contra los resultados electorales, fueron enviados a cárceles federales, como la prisión de Tocuyito en el estado Carabobo, donde las condiciones de hacinamiento y la peligrosidad de los reclusos comunes ponen en riesgo su bienestar.
La oposición, liderada por figuras como Edmundo González y María Corina Machado, criticaron duramente estas medidas, denunciando la falta de transparencia en el proceso electoral y la brutalidad con la que la dictadura respondió a las protestas.
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Por su parte, los padres de los menores detenidos viven con angustia la incertidumbre de no saber qué les depara el futuro a sus hijos. Una madre, que prefirió mantener su nombre en el anonimato por temor a represalias, relató cómo su hijo fue arrestado después de una manifestación en su barrio.
"Es difícil entender cómo un niño puede ser acusado de terrorismo. Solo estaba en la calle, como muchos otros, protestando por un país mejor", expresó con desesperación.
Este tipo de testimonios refleja el clima de miedo e inseguridad que se vive en Venezuela, donde el régimen de Maduro parece dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para silenciar a quienes se atreven a cuestionar su legitimidad.
Vale precisar que, a pesar de la liberación de 16 adolescentes en las últimas horas, las demandas de justicia y la presión internacional continúan en aumento.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de liberar a todos los menores detenidos y de garantizar un proceso judicial justo transparente.
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