Proyecto de ley del JNE: ¿Anularía participación política de Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori?
El abogado penalista Hugo Mendoza responde si la propuesta* del JNE podría dejar a figuras políticas fuera del panorama electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) propuso un proyecto de ley ante el Congreso que podría tener un impacto significativo en las próximas elecciones, afectando posiblemente a figuras políticas clave como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón.
La iniciativa, presentada por la representante del JNE, Martha Maisch Molina, busca impedir que los fundadores y directivos de partidos políticos con condenas por delitos graves como corrupción, tráfico de influencias y colusión puedan ejercer sus cargos.
Ante esto, el abogado penalista Hugo Mendoza Malpartida, de la firma Mendoza Malpartida & Asociados, respondió para Expreso la controversia sobre si Keiko Fujimori y el prófugo Vladimir Cerrón quedarían fuera del panorama electoral.
De aprobarse la ley, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, podría enfrentarse a un futuro incierto en la política, dado su historial judicial. Aunque está impedido de ejercer cargo público, no está limitado para ser secretario general de su agrupación.
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“En principio, no debería afectarlo porque debe primar sus derechos constitucionales a la participación en política; sin embargo, de darse esta limitación en base a dicha ley, tendría que plantearse una demanda de inconstitucionalidad,” expresó el abogado penalista Hugo Mendoza Malpartida.
Esto sugiere que el conflicto podría trasladarse al Tribunal Constitucional (TC), donde se debatiría la legalidad de tal restricción.
Por otro lado, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, parece estar en una posición menos comprometida. A pesar de enfrentar procesos legales, no está condenada, lo que la eximiría de la aplicación de esta normativa.
“Respecto a Keiko Fujimori, si dicho proyecto de ley se hiciera ley, no la afectaría, ya que en dicho instrumento legislativo se habla de condenados, y no de procesos abiertos; por tanto, Keiko al no tener condena, dicha norma no le sería aplicable,” aclaró Mendoza Malpartida.
La propuesta también levantó críticas por no incluir delitos como el lavado de activos, lo que generó dudas sobre su efectividad para combatir la corrupción política. Además, algunos analistas advierten que esta ley podría vulnerar derechos constitucionales, limitando la participación política de aquellos que cumplieron sus condenas.
Para Hugo Mendoza Malpartida, aunque el proyecto de ley busca asegurar que los fundadores y directores de organizaciones políticas no tengan antecedentes penales, fortaleciendo así la confianza ciudadana y la democracia, algunos consideran que esta finalidad podría lograrse sin necesidad de una nueva ley.
En su lugar, proponen que los partidos se autorregulan mediante la implementación de programas de cumplimiento y códigos de conducta que promuevan la legalidad y la ética dentro de sus organizaciones.
Finalmente, “la prohibición que se pretende con este proyecto de ley contraviene el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, que establece que la pena tiene funciones preventivas, protectoras y resocializadoras. Si esta prohibición llegara a implementarse, se estaría estigmatizando a este grupo de personas condenadas, lo cual va en contra de los fines de la pena”, concluyó.
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