Rafael Vela citado ante Congreso para informar sobre pacto de colaboración con Odebrecht
Coordinador del caso Lava Jato debe responder sobre decisiones del Ministerio Público.
El fiscal superior Rafael Vela Barba, quien coordina el Equipo Especial Lava Jato, fue citado para este lunes ante la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso para brindar detalles sobre el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la constructora brasileña Odebrecht.
La citación, firmada por el presidente de la comisión, Alejandro Muñante, establece que la sesión se desarrollará a las 11:00 a.m. en la sala Martha Hildebrandt del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.
Según el documento oficial, Vela deberá informar lo que conozca sobre las circunstancias que rodearon la negociación, firma, aprobación y ejecución del controvertido acuerdo con la empresa involucrada en el caso Lava Jato.
La invitación se sustentó en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso, los cuales facultan a las comisiones parlamentarias a convocar a cualquier funcionario cuya intervención resulte relevante para esclarecer hechos de interés público.
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En ese sentido, la comparecencia de Vela busca esclarecer el rol del Ministerio Público en el diseño y validación de un convenio que causó múltiples cuestionamientos en el ámbito político y jurídico.
"Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial", recordó el Congreso en el oficio remitido al fiscal.
Como es público, la comisión investigadora tiene como objetivo identificar posibles efectos perjudiciales del acuerdo para el Estado, así como evaluar la conducta de quienes intervinieron en su formulación.
Por ello, los legisladores esperan que el testimonio del fiscal Vela aporte elementos importantes sobre cómo se establecieron los términos del trato y si existieron omisiones o irregularidades que favorecieron a la empresa brasileña.
De esta forma, el Congreso abre una nueva etapa de revisión en torno a uno de los convenios más polémicos de los últimos años, en el que estuvieron involucradas altas autoridades del sistema judicial y una de las compañías más cuestionadas por corrupción en América Latina.
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