Retirarse de la Corte Interamericana: entre la crítica interna y la necesidad democrática [ANÁLISIS]

Que el Perú mantiene una relación conflictiva y cada vez más dificultosa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tengo el menor atisbo de duda ni oscilación.

Hablamos de una interdependencia negativa y de protesta por donde se le mire y analice. Hablamos de una relación cargada de conflictos y plagada de todo tipo de reproches y censuras, sobre todo respecto a la actitud que nuestra nación ha mantenido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde que empezó a ser parte de esta jurisdicción supranacional, y que, a lo largo de los últimos años, ha venido cargándose de negativas, acusaciones y desacatos a los mandatos administrativos y jurisdiccionales emanados de un esquema normativo del que, para bien o para mal, somos parte vinculante.

Doble realidad

Estoy de acuerdo en que nuestro desempeño como nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una doble realidad y que no ha sido nada alentadora y menos auspiciosa. El Perú tiene una relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), manifestada en su membresía a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si bien el Estado peruano ha reafirmado en distintas oportunidades su compromiso irrestricto con el SIDH en diversas ocasiones, también hay de por medio un agudo debate interno y a nivel nacional sobre una posible evaluación de su permanencia. Refiero que esta relación se plasma en una doble realidad, porque una cosa es lo que se afirma en el discurso y la metáfora política o gubernamental, y otra situación muy distinta y contradictoria es lo que acontece en la realidad.

Pompa total y generalizada por parte de los gobiernos de turno, que esgrimen al máximo la protección de los derechos humanos a su máxima expresión, incluso con anuncios que corresponden a políticas de Estado respaldadas por las instituciones públicas, mientras que lo que acontece en el mismo ejercicio de la funcionalidad pública desdice esta realidad para mostrar la otra cara de un Estado desmesurado que suscita la mala impresión de que poco o nada le importa el respeto irrestricto de los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en esta nación.

El reflejo de todos nuestros males

Se le achaca, sin mayores miramientos o esmeros, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en particular a la Corte Interamericana como ente más emblemático del conflicto, ser los directos responsables, o mejor dicho culpables, de muchos de nuestros peores males.

A tales niveles han llegado las acusaciones de nuestra parte, que se afirma, sin mayores miramientos o recato, que nuestro Estado se encuentra atado de manos o imposibilitado de implementar las reformas legales internas necesarias, cuando en realidad somos nosotros mismos los directamente culpables de una gran parte de nuestros males.

Hablo de un manejo político interesado, engañoso e incluso tergiversado, dependiendo de las circunstancias o acontecimientos, para mostrar una determinada realidad engañosa, mentirosa, media verdad y hasta irresponsable, dependiendo de lo que más conviene ocultar o mostrar.

Una posverdad en la que lo objetivo y lo racional pierden peso y valor frente a lo emocional o a la voluntad de sostener creencias, a pesar de que los hechos y resultados muestran lo contrario.

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Un discurso “fake” o engañoso de política populista, con el propósito de manipular o conducir a la opinión pública frente a realidades que no resultan ser tan ciertas.

Se confunde adrede recurriendo a información imprecisa y falsa, y se apela a las emociones para generar adhesión o rechazo frente a determinados acontecimientos, en lugar de basarse en argumentos sólidos y lógicos por medio de una información selectiva y a la vez masiva, que persigue la propagación de situaciones que no son ciertas, adornadas de la retórica para que suene convincente, categórica y persuasiva.

Pongo como ejemplo la reimplantación en nuestro marco legal de la pena de muerte, haciéndole creer al imaginario colectivo que, con su incorporación y aplicación, se podrá controlar el aumento inmanejable de la delincuencia urbana o callejera, cuando se está consciente de que las causas o los orígenes están inmersos en las decisiones desacertadas que nuestros propios gobernantes siempre asumen sobre el particular.

Riesgo histórico

Con todos los peores males y desavenencias que nos podemos imaginar en relación con nuestra correlación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aunado al panorama interno como se describe, en el que el abuso, el despotismo, la arbitrariedad, el atropello, la injusticia, la animosidad por el respeto al Estado de derecho, la prepotencia y la permanente inobservancia de los principios que están reconocidos en nuestra Constitución Política, para bien o para mal, el último recaudo al que se puede recurrir por parte de cualquier ciudadano que se siente violentado por las decisiones devenidas de un gobierno que ignora la ley y procede en forma arbitraria y abusiva, no es otro que recurrir al sistema interamericano en la búsqueda de protección de sus derechos.

Las decisiones emanadas de sus órganos administrativos y jurisdiccionales del sistema interamericano no son caprichosas o advenedizas. Nosotros mismos, como país, los fomentamos y propiciamos cuando vemos cómo se violenta el Estado de derecho. Son nuestras mismas autoridades y funcionarios los que, con sus actitudes abusivas, arbitrarias, injustas e ilegales, las generan.

No son los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino nuestros mismos jueces o funcionarios los que no resuelven de acuerdo con los preceptos constitucionales. Hablo de juicios o procesos judiciales o constitucionales cuyas resoluciones o aparentes soluciones, en realidad, no son otra fuente de una abierta violación de la ley, tanto en contra de los involucrados, tanto en su condición de agraviados, víctimas o denunciados.

No es invento

Evidencias y certezas como las que menciono no son un invento ni se encuentran en el imaginario mental de un ciudadano. No hace mucho tiempo fuimos testigos, o mejor dicho víctimas, de un atentado directo o maquillado abiertamente en contra de la democracia como régimen de gobierno, el Estado de derecho y la gobernabilidad como componente de mutua y sana convivencia.

Hablo de un exmandatario elegido en las ánforas y de forma democrática que, motu proprio o con el concurso de un séquito de autoridades, de forma y manera intempestiva y arbitraria, intentó propinarle un golpe moral a la democracia representativa de nuestra nación.

Dicen o refieren los entendidos que se le ocurrió, motu proprio y en su condición de presidente del país, clausurar el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y cualquier otra entidad pública o privada que se opusiera a sus pretensiones. Incluso encarcelar a todos aquellos que desacataran sus mandatos. Que pudo ser factible y que las verdaderas razones que se esconden detrás de esta decisión todavía son objeto de un proceso judicial.

Lo real y cierto es que subyace en el intelecto de algunos una decisión imaginaria que, en un momento de nuestra historia, sí fue una realidad. De haberse concretado una decisión de esta naturaleza, por más imposible y remota que parezca, la única entidad u organismo interamericano al que se habría podido recurrir en la búsqueda de la salvación de nuestra endeble democracia no habría sido otra que la tan cuestionada y menospreciada Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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