Reto de OEA es probar que en Perú se procesa un 'golpe'

Por Wilber Torres

La misión enviada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó a territorio peruano el domingo durante las primeras horas de la mañana. La delegación internacional estará en la capital hasta el 23 de noviembre, día en que partirán de regreso tras reunirse hoy y mañana con representantes del Gobierno, Congreso de la República, organismos autónomos del Estado peruano y organizaciones civiles para abordar la crisis política que atraviesa el país.

Las reuniones que sostendrá esta delegación internacional con diferentes actores del espectro político y social tienen como objetivo buscar un consenso y diálogo entre las diversas fuerzas políticas presentes en el Parlamento y el Gobierno con el fin de fortalecer el sistema democrático del país, de acuerdo a la OEA.

En medio de esta situación existe un intento del Ejecutivo de mostrar una supuesta verdad de lo que sucede en el país, descalificando las investigaciones fiscales que se siguen contra el jefe de Estado por presuntamente liderar una organización criminal al interior de Palacio de Gobierno.

En este contexto la participación del Congreso y de los otros organismos estatales de carácter autónomo serán fundamentales para desmontar las afirmaciones oficiales que solo buscan polarizar al país y crear zozobra en la población, según los observadores.

La narrativa del golpe

La victimización y la narrativa del Gobierno de Pedro Castillo de que en el Perú existe una persecución política y un intento desde la oposición para perpetrar un golpe de Estado en su contra, ha sido una constante desde que inició su mandato. De acuerdo al Ejecutivo, y sus operadores políticos, existe un plan que busca la salida de Pedro Castillo bajo cualquier circunstancia.

"Esto es una persecución. Se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado. Se nos acusa de algo que jamás hemos hecho. Vamos a descartar todas las acusaciones, vamos a seguir defendiendo la democracia", declaraba Castillo en la conferencia de prensa que dio el Gobierno solo para la prensa extranjera el 11 de octubre en Palacio.

Es en esa posición que el Ejecutivo decide tan solo unos días después, el 20 de octubre, buscar el amparo internacional solicitando la activación de la Carta Democrática Interamericana ante la OEA. Esta solicitud recibió el respaldo y la aprobación durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y se dispuso el envío de la misión que se encuentra en el país.

Lo que el Gobierno no les contó a los representantes de la OEA es de la existencia de seis o siete carpetas fiscales en las que se viene investigando al presidente Pedro Castillo por diversos delitos, entre ellos, por presuntamente liderar una organización criminal que ha venido operando al interior del Ejecutivo y en otras esferas del poder estatal.

De acuerdo a las pesquisas, esta organización delictiva habría otorgado, de manera ilegal, distintos proyectos de obras públicas a empresas relacionadas íntimamente con aportantes económicos a la campaña presidencial de Pedro Castillo. De la misma forma, las cuestionadas designaciones de funcionarios públicos en el Estado cuyo único mérito es pertenecer a Perú Libre u otras organizaciones afines al jefe de Estado.

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