Se vence el plazo para el caso del Gasoducto
Los usuarios eléctricos seguimos pagando por los nodos energéticos del sur.
La primera semana de febrero se vencerá el plazo de investigación preliminar del caso Gasoducto del Sur en que el equipo de Rafael Vela nunca mostró mayor interés en impulsarla y se afirma que no habría sustento en la acusación, como lo ha deslizado el periodista Ricardo Uceda días atrás.
El expediente está a cargo de la fiscal del caso Lava Jato, Geovanna Mori, que pesquisa los presuntos actos de corrupción en dicho proyecto, donde la principal incriminada es la ex primera dama, Nadine Heredia.
La concesión se otorgó el 23 de octubre del 2008 a Kuntur Transportadora de Gas, empresa que luego fue comprada por la brasileña Odebrecht.
Una obra gasífera que costaba alrededor de US$ 1,400 millones de pronto, en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), sobrepasó la cifra de US$ 7,300 millones con el nuevo concesionario conformado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.
El compromiso, según el contrato, era la devolución de la inversión, los costos de operación y mantenimiento, amén de pagarles por ingresos garantizados la suma de US$ 900 millones anuales por 30 años.
Para cumplir dicho acuerdo, ha escrito Manuel Romero Caro, se tenía que transportar obligatoriamente por los ductos 500mmpcd (millones de pies cúbicos de gas), con el agravante de que no había mercado en el sur peruano, pero aun así se le tenía que pagar al concesionario, hubiera o no reservas de gas, hubiera o no demanda real para el transporte del gas.
Y la diferencia entre los ingresos por lo realmente transportado y los US$ 900 millones que se debían pagar anualmente la tenían que asumir los consumidores eléctricos.
“Inclusive los consumidores empezamos a pagar dichos subsidios desde el 2015: 5% de los 7,300 millones (U$365 mllns.). En 2016 se pagó el 15% (U$1,095 mllns.)”, recuerda el economista.
Es cuando las protestas por dichos cobros se multiplicaron. Y como en el 2017 se iba a cobrar el 35% (U$ 2,555 mllns.), y el 2018 se pagaba el 45% (U$ 3,285 mllns.), al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, no le quedó más que anunciar que el Tesoro Público asumiría dichas obligaciones.
Pero da lo mismo que los subsidios los paguen los consumidores o el MEF, porque siempre lo terminaremos pagando los mismos contribuyentes, vía mayores impuestos, reducción de gastos o deterioro de los servicios públicos.
No solo eso sino que se crearon dos nodos energéticos en el sur (en Ilo y Mollendo) para generar demanda para el gasoducto. “Y en este caso nuevamente los consumidores eléctricos estamos asumiendo el pago a los dos nodos por potencia instalada, vía recibos de luz. Y esos pagos no los asumió el Estado”, concluye.
¿No hubo en todo esto colusión? ¿No hubo sobornos como lo han denunciado los periodistas ecuatorianos del portal La Posta?, se pregunta Romero.
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