Sigue la repartija en el Congreso: desacatan el fallo del Tribunal Constitucional

Ahora no sólo son los congresistas, sino también los funcionarios, empleados y trabajadores de las filas de Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP) y la cuota del Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), que es el gremio dirigido por el eterno y reelegido secretario general Tulio Augusto Vizcarra Basto, que se ha prestado para este desaguisado, al presentar una lista de trabajadores para que la Mesa Directiva saliente de Eduardo Salhuana lo apruebe haciendo tabla rasa a dispositivos legales.

La nueva Mesa Directiva que preside José Enrique Jerí Oré ha sido arrinconada para beneficiar a trabajadores exclusivos, quienes se encuentran en proceso judicial contra el Poder Legislativo, así lograr una reposición non sancta, debido a nombramientos irregulares anteriores que fueron cancelados, pero —increíblemente— que hoy se encuentran aún laborando, debido a que algunos jueces suplentes o supernumerarios les han dado sendas medidas cautelares, a pesar de que en el Poder Judicial (PJ) existe un Acuerdo de Pleno Jurisdiccional en lo Laboral que establece el Expediente Huatuco N.° 05057-2013-PA-TC Junín como precedente vinculante en estos casos de reincorporación.

El fallo sentencia que solo se debe permitir el reingreso de quienes cumplan con el requisito de haber ingresado con concurso público (término inusual en el Congreso de la República, ya que todo es a dedo), lo cual ninguno de los cinco beneficiados de esta repartija laboral en el Congreso cumple de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Este hecho violatorio genera un perjuicio económico al Congreso de la República, ya que no se trata de cualquier trabajador, sino de operadores políticos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y gente ligada al SITRACON de Tulio Vizcarra en el Parlamento Nacional.

Existe el caso de Wilfredo Ponce de León Pandolfi, abogado fujimorista que fuera nombrado irregularmente, fue separado al acudir siendo asesor laboral en el Congreso a una diligencia de allanamiento a un local de Fuerza Popular (FP) y viajar a Tarapoto a realizar acciones legales para su partido dentro de su jornada laboral; Omar Moscaiza, igualmente ligado a Fuerza Popular (FP), fue nombrado irregularmente y, en el mandato de Salhuana, fue quien presidió la comisión para “investigar” los hechos en los que involucraron el asesinato de una extrabajadora del Congreso, no investigó nada y hoy es premiado.

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Marion Figueroa es de Alianza para el Progreso (APP) y es esposa del vicerrector de la Universidad César Vallejo (UCV) Heraclio Campana; ahora ganará “plata como cancha”. Y Sandro Coronado, cercano a Tulio Vizcarra, que hoy aún se encuentra en el Congreso con una medida cautelar y con el agravante de que este tiene ya una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), Expediente N.° 01106-2013-PA-TC Lima, en donde le niegan su reincorporación, y un juez suplente, desacatando el mandato del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, le otorgó una medida cautelar para su reingreso.

Hoy, por ser cercano a Tulio Vizcarra, lo incluyen en esta repartija laboral, a pesar de que el Congreso, desde hace cerca de diez meses atrás, ha estado separando a alrededor de 70 trabajadores con la misma pretensión, que al no cumplir con lo acordado por el Pleno Jurisdiccional en lo Laboral, perdieron sus cautelares y sus pretensiones de reingreso en la vía judicial, así como cerca de 200 trabajadores reincorporados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) esperan hace décadas que se cumpla con lo dictado.

Salhuana, en la postrimería de su mandato, según Acuerdo de Mesa N.° 225-2024-2025/MESA-CR, a pedido de Tulio Vizcarra, otorgó esta repartija para que esta nueva Mesa de Jerí la implemente, con la premisa de que la Oficina Legal y Constitucional previamente eleve un informe de “conformidad” a este nuevo perjuicio económico contra el Congreso de la República.

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