Solicitan al JNE anular de oficio inscripción de Primero la Gente, Perú Primero y Perú Moderno
Documento expone posibles violaciones a principios democráticos y derechos fundamentales.
La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero activó un nuevo frente legal contra los partidos políticos que, según denunció, obtuvieron su inscripción con firmas falsificadas.
Mediante un documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la abogada solicitó la nulidad de oficio de las resoluciones que reconocieron oficialmente a las agrupaciones Primero la Gente, Perú Primero y Perú Moderno.
Ampuero fundamentó su denuncia en el uso irregular de rúbricas y datos personales, hecho que —según advirtió— no solo configura un delito penal, sino que también afecta derechos fundamentales como la participación electoral, la libertad de asociación y la autodeterminación informativa.
“Permitir que partidos se inscriban mediante firmas falsas debilita la democracia y deslegitima el proceso electoral”, advirtió en su escrito.
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La denuncia ingresó al JNE el 20 de mayo y apunta directamente a la validez de las resoluciones administrativas que autorizaron la inscripción de aquellas organizaciones políticas.
En su petición, Ampuero también demandó que, de declararse la nulidad, el ente electoral inicie acciones penales y administrativas contra los responsables, incluyendo la remisión del caso al Ministerio Público y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
El caso toma relevancia en medio de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía contra Marco Zevallos, personero legal de Primero la Gente, tras detectarse la supuesta presentación de alrededor de seis mil firmas falsificadas.
Asimismo, informes periodísticos revelaron que algunos ciudadanos, incluso fallecidos, habrían sido incluidos en los padrones sin consentimiento alguno.
A pesar de los indicios, el tiempo apremia. Según alertó Ampuero, los plazos legales para revisar estas inscripciones están a punto de vencer, por lo que instó al JNE a actuar de inmediato en defensa del interés público y la transparencia electoral.
El pedido de nulidad se sustenta en varios artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley de Organizaciones Políticas, que facultan al JNE a anular de oficio actos administrativos si existen fundamentos razonables.
Sumado a ello, la exprocuradora recordó que ya existen precedentes del propio JNE donde se privilegia la fiscalización posterior para corregir irregularidades.
Paralelamente, el partido Perú Primero enfrenta su propia controversia: el JNE oficializó la exclusión de Martín Vizcarra de sus registros, en cumplimiento de su inhabilitación dispuesta por el Congreso.
Por ahora, el JNE no se pronunció sobre la solicitud, pero lo que decida podría sentar un precedente sobre cómo se deben abordar las presuntas inscripciones fraudulentas y salvaguardar la integridad del proceso democrático rumbo a las elecciones de 2026.
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