“Solución no es eliminar detención preliminar”, señala Marcos Ibazeta, expresidente de Corte Superior de Justicia de Lima
Exmagistrado critica al Gobierno por no haber aprobado restitución de figura legal, pese a tenerla en sus manos hace más de 15 días.
El expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta, sostuvo que eliminar la detención preliminar en los casos de no flagrancia no es la solución para detener los abusos de algunos jueces al utilizar esta herramienta legal.
En ese sentido, criticó que se haya aprobado en el Parlamento la Ley 32181 que reforma el nuevo Código Procesal Penal y dispone la eliminación de esta figura legal, aunque luego el Congreso se haya rectificado.
“Las detenciones preliminares, en casos de no flagrancia, en realidad venían siendo distorsionadas y, a veces, se exageraban en su utilización. Si algo comienza a utilizarse mal, no puede buscarse una solución como la que se buscó, eliminando la detención preliminar (en casos de no flagrancia), porque eso también ponía en riesgo la seguridad, que es un principio básico para la coexistencia pacífica. Una decisión de derogar la detención preliminar no me parecía la correcta”, indicó en diálogo con EXPRESO.
El exjuez cuestionó que se haya ocasionado un conflicto de leyes penales.
“Lo que la seguridad jurídica busca es evitar el conflicto, en general de leyes, pero especialmente de leyes penales, que podrían favorecer a delincuentes. Si el Congreso quiere corregir dejando sin efecto, la pregunta es: ¿Por qué se deroga una norma y después se restituye su vigencia sin nada adicional? Eso demostraría una responsabilidad legislativa muy grande”, manifestó Marcos Ibazeta.
No tiene sentido
En esa misma línea, Ibazeta consideró un sinsentido que, tras más de 15 días desde que el Congreso de la República envió la autógrafa donde se restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, el Poder Ejecutivo continúe sin promulgarla.
Para el exmagistrado, este comportamiento del Gobierno se puede prestar para interpretaciones como la existencia de una intención para dilatar investigaciones que involucran a funcionarios del mismo Ejecutivo, así como de otras instituciones del Estado.
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“Hay muchos casos que vinculan al poder con actos de corrupción, investigaciones penales que están en curso y donde tenemos muchos funcionarios que están fugados y, en otros casos, que están en funciones. Tenemos congresistas vinculados a hechos que ameritan investigación, sea por un delito común, de función o de corrupción”, sostuvo .
“Entonces, una norma que puede restarle eficacia a una investigación, siempre va a ser vista como una norma sospechosa”, añadió.
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