Su tributación no fue fiscalizada hasta 2011
Sunat auditaba a Odebrecht en sus mismas oficinas porque “eran grandes contribuyentes”, según Jorge Barata.
Por: Plinio Esquinarila
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Víctor Shiguiyama, reconoció ante la Comisión Lava Jato del Congreso, antes de la disolución de este poder del Estado, que no se había fiscalizado las obligaciones tributarias de Odebrecht antes del año 2011. Ante una revelación de esta naturaleza, los especialistas centraron su atención en la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) que desde el año 2008 hasta 2017 “se hizo de la vista gorda con Odebrecht y sus consorciadas”.
El propio Víctor Shiguiyama subraya que algunas fiscalizaciones se hicieron, básicamente, desde el 2011, pero se tomaron medidas más sustantivas, sobre todas las empresas implicadas en la corrupción lavajatista, desde diciembre de 2016, esto para evitar las prescripciones de eventuales delitos.
Estas declaraciones están entre los minutos 32.50 al 34.23 del video de la reunión de la comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra, en la sesión del 22 de mayo de 2017, que se puede confirmar en el link https://www.youtube.com/watch?v=wMS5HjLuB38.
Y también en las conclusiones del Informe en Minoría de la Comisión Lava Lato del Congreso, presentada por el legislador Humberto Morales (FA) que da cuenta de la ausencia de fiscalizaciones o auditorías oportunas de los estados financieros presentados por Odebrecht y sus consorciadas ante la Administración Tributaria.
Tampoco se investigó, agrega, “la veracidad de las operaciones comerciales efectuadas entre ellas, desde el año 2005 hasta el año 2015”, ni sus obligaciones tributarias en el mismo periodo, “lo que ha permitido la PRESCRIPCION de las Obligaciones Tributarias del Impuesto a la Renta-IR e Impuesto General a las Ventas (IGV) de diversos ejercicios con el consecuente perjuicio fiscal” (Pág. 510).
En páginas anteriores este informe incriminaba a “la entonces Superintendente (…) Tania Quispe Mansilla, el Superintendente Adjunto de Tributos Internos Walter Eduardo Mora Insúa y el Intendente de Principales Contribuyentes Nacionales, el señor Luis Vera Castillo, [quienes] con arreglo a sus funciones contenidas en el ROF de la Sunat, debieron disponer el inicio de las fiscalizaciones o auditorías a Odebrecht”, señala.
Posteriormente cita el hecho grave del “archivamiento, presuntamente irregular, de una denuncia penal por defraudación tributaria presentada contra los representantes (...) del Consorcio Constructor IIRSA Norte (propiedad de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC) y Constructora Área SAC” del ya conocido Gonzalo Monteverde Bussalleu.
En ese entonces se acreditó mediante copia del Informe Nº 015-2009-SUNAT/2H2100, de fecha 4 de marzo de 2009, que Willy Mejía Castillo, auditor de la IPCN, desestimó la denuncia interpuesta por el ciudadano Pedro Morote Cornejo por los presuntos delitos de evasión y defraudación tributaria contra los representantes de los contribuyentes IIRSA Norte y Constructora Área SAC. Parecidas circunstancias se dieron en la Comisión Bartra, cuyo informe final indica que “la información [de Sunat] ha sido entregada, en muchos casos, de forma tardía”.
De otra parte, con el Oficio Nº1085-2016/JPCH-CR, del 27/07/2016, Juan Pari Choquecota, titular del primer grupo Lava Jato instalado en noviembre de 2015, ya advertía que la Sunat “no cumplió con brindar una atención oportuna e inmediata a los requerimientos (…), brindando información de manera parcial e inexacta pese a las aclaraciones y precisiones expuestas textualmente por la Comisión”.
Por esa razón recomendó “el inicio de las acciones correspondientes a determinar la responsabilidad de los funcionarios que tuvieron a cargo el procesamiento y la remisión de información” porque estas fueron “alcanzadas fuera del plazo, de forma incompleta, de manera incongruente, incorrecta y con defectos de visualización…”. Finalmente, es de recordar que el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, había revelado ante esta Comisión Pari que Sunat auditaba y fiscalizaba a la constructora carioca dentro de sus propias oficinas. El pretexto era de que “eran grandes contribuyentes”.
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