Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y exministros por golpe de Estado
Se pide inhabilitación por 10 años para exmandatario y sus excolaboradores.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, bajo la presidencia de María Acuña, aprobó admitir a trámite la Denuncia Constitucional N.º 547 contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones; la ex primera ministra Betssy Betzabet Chávez Chino; el exministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino.
Con 12 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención, el grupo parlamentario dio luz verde al procedimiento por presuntas infracciones a diversos artículos de la Carta Magna.
El expediente, formulado por los congresistas Alejandro Muñante Barrios y Alejandro Cavero Alva, atribuye a los exfuncionarios su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Según el informe de calificación, los denunciantes señalan que Castillo, al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso, la instauración de un “Gobierno de Emergencia Excepcional” y otras medidas autoritarias, quebró el orden constitucional y democrático del país.
En la denuncia, sostiene que el exmandatario habría transgredido hasta 29 artículos de la Constitución, razón por la cual solicita su inhabilitación para ejercer cualquier función pública durante una década.
Además, los congresistas acusan a Chávez Chino de colaborar en la redacción y difusión del mensaje presidencial y de coordinar medidas para su ejecución, entre ellas, el ingreso de simpatizantes al Centro Histórico de Lima.
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En tanto, atribuyen a Sánchez Palomino su participación en reuniones preparatorias en Palacio de Gobierno el día anterior al pronunciamiento de Castillo.
En este proceso, la subcomisión también decidió acumular la Denuncia N.º 547 con la N.º 575, presentada igualmente contra Castillo por infracción a los artículos 43, 45, 118 y 134 de la Constitución.
No obstante, declaró improcedente el extremo que pretendía imputar delitos penales como rebelión y conspiración, así como la inclusión del exministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas, por falta de elementos probatorios.
Por otro lado, la Fiscalía de la Nación presentó recientemente otra denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, al supuestamente solicitar dinero a su entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, a cambio de mantenerlo en el cargo. Esta acusación incluye también al exministro de Justicia, Félix Chero.
Mientras tanto, los señalamientos sobre el quiebre del orden institucional siguen marcando la agenda parlamentaria. La SAC, con esta decisión, asume el compromiso de avanzar con un caso que causando amplio debate y cuya resolución podría tener consecuencias políticas de largo alcance.
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