Waldemar Cerrón respalda derogación de ley que destituye a maestros condenados por terrorismo y violación
La norma vigente busca proteger a menores, pero enfrenta oposición por bancada de Perú Libre.
El segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Waldemar Cerrón, expresó su respaldo a los proyectos que buscan derogar la Ley N.° 32242, norma que dispone la destitución de maestros sentenciados por delitos como terrorismo y violación sexual.
Según el legislador de la bancada de Perú Libre, la medida actual causa un perjuicio a docentes que podrían ser inocentes y, en consecuencia, desincentiva la profesión.
“(La norma actual) más bien terminaría perjudicando a personas inocentes y aprovechando la instrumentalización de la justicia se persiga al magisterio, y nadie va a querer ser maestro”, declaró Cerrón, reiterando que la ley es rechazada por el gremio docente, ya que representa, en su opinión, una forma de hostigamiento contra los profesores.
Como parlamentario izquierdista, Cerrón defendió el derecho de los docentes a contar con todas las instancias judiciales que garanticen un proceso justo antes de ser destituidos. Además, sugirió que la norma debería aplicarse a otras profesiones con contacto directo con menores de edad. “Si va a ser así, la ley tendría que ser extensiva a todo profesional a nivel nacional”, afirmó, mencionando a médicos, abogados y policías como ejemplos de trabajadores que, según su criterio, deberían ser incluidos en la legislación.
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El parlamentario perulibrista también resaltó la importancia de la presunción de inocencia y cuestionó el impacto de la ley en aquellos docentes que aún enfrentan procesos judiciales. “A los maestros injustamente van a ser sentenciados y se les quita sus derechos. Entonces yo pregunto, ¿para qué existe la segunda instancia?”, planteó Cerrón, asegurando que la derogación de la norma debe ser debatida en el Pleno antes de llegar a una decisión definitiva.
Sin embargo, el respaldo a la eliminación de esta ley causó críticas, ya que su aprobación buscó evitar que condenados por delitos graves, en especial aquellos que atentan contra menores de edad, continúen en el sistema educativo. La Ley N.° 32242, vigente desde enero de 2024, establece la destitución automática de docentes sentenciados en primera instancia, impidiendo su reincorporación en instituciones educativas públicas o privadas.
La discusión sobre la normativa surge en medio de una crisis por la impunidad en casos de abuso infantil en zonas como Condorcanqui, donde desde 2011 no se logró una sola condena por violencia sexual contra menores.
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