Procuradoría calcula en más de S/ 609 millones el monto que deberá devolver al Estado, en forma solidaria con Odebrecht y otros socios, por gestionar adendas corruptas.
Mientras Víctor Quispe Palomino sigue impune, ley para derribar narcoavionetas aprobada hace tres años, no se aplica porque gobierno no compra radares.