Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Guillermo Thornberry, Henry Ávila y María Zavala se salvaron de ser inhabilitados por diez años en la función pública.
Juan Carlos Cortés Carcelén asesoraba a comisión que nombró a Inés Tello y otros magistrados, quienes luego le otorgaron puesto con sueldo de S/17 mil al mes.
