Ante esta situación, dicho organismo exhorta a las autoridades regionales y locales orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas.
Entre las razones de las trabas para continuar con los proyectos están las controversias con los contratistas que están en arbitraje (S/ 26’211,875.58) y en proceso de resolución de contrato de supervisión (S/ 10’769,729.55).