El gobernador regional de Puno es acusado por el supuesto delito contra la tranquilidad pública-disturbios en agravio del Estado, durante la revuelta del 2011, en el denominado 'Aymarazo'.
Durante el año 2017, el contrabando en Perú se cuantificó en US$ 586 millones, monto que representa un crecimiento de 2.2 % con respecto al año anterior.
