¡Bomba de tiempo! Minería ilegal en Perú: exención, informalidad, impunidad e indiferencia estatal [ANÁLISIS]

Todos estamos de acuerdo en que la formalización de la minería ilegal, para efectos de adecuarla a los estándares mínimos necesarios que establecen las leyes en nuestro país, es un tema de prioridad y de impostergable necesidad, que no solo requiere un marco legal adecuado a los desafíos que confronta nuestra sociedad, sino que, además, implica en los momentos actuales una pronta e inteligente solución, sobre todo por parte de quienes conducen las riendas del país, referido al Parlamento de la República y al Poder Ejecutivo.

Un problema que cada día va en aumento y que adquiere nuevos matices o dimensiones más complejas, no solo por la constante incorporación de una serie de nuevos segmentos sociales o actores categóricos, sino porque nos encontramos próximos a unas elecciones presidenciales que deben marcar el curso de nuestros acontecimientos.

Hablamos de una descontrolada expansión de la minería ilegal, no solo involucrando a nuevos sectores que son fundamentales para el desarrollo social y económico de nuestra nación, sino porque también es el terreno más propicio para que se expanda la delincuencia, el crimen organizado, la deforestación a gran escala y la destrucción de nuestros recursos naturales.

El oro como causa del subdesarrollo

La riqueza natural de nuestro país, aunque suene paradójico y hasta antagónico —porque podría ser uno de los motores de nuestro desarrollo y prosperidad en igualdad de condiciones—, al revés o al contrario, se convierte en un factor de subdesarrollo, miseria, inestabilidad, corrupción y pobreza social.

Hablamos de un Estado insensato, irresponsable y plagado de mediocridades que parece que no le interesa la implementación de soluciones serias o, en todo caso, se hace la vista gorda en la implementación de medidas correctivas para que, efectivamente, la extracción y exportación masiva del oro deje de ser un tema selectivo, de violencia interna y caos, y se convierta en uno de los motores de nuestro desarrollo.

Como sabemos, el oro a nivel mundial viene experimentando un auge histórico en los últimos tiempos como nunca antes se había visto, respecto a lo cual, no tengo dudas de que continuará haciéndolo en términos de solidez, valor, convergencia y aumento de la demanda, convirtiéndose de esta manera en uno de los activos —por no decir el único— más codiciados en todo el planeta para todo tipo de inversores.

Demanda global

Hablamos de un contexto económico internacional caracterizado por la alta volatilidad geopolítica, el aumento de las tensiones globales y una inflación cada vez más persistente, frente a los cuales, el metal amarillo se ha ido consolidando como un refugio seguro e ideal para la economía global, que no tiene pierde o parangón en comparación con otras actividades productivas, ofreciendo no solo protección y alta rentabilidad frente a los constantes riesgos globales relacionados con los conflictos armados, las crisis financieras y los cambios climáticos, sino también por sus jugosos rendimientos y ganancias en comparación con otros activos, actividades o inversiones.

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El solo hecho de poseerlo, solo en algunos de los términos señalados, es de por sí toda una rentabilidad asegurada. Desgraciadamente, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia republicana, una vez más priman los intereses políticos y económicos mezquinos y mercantilistas para hacer de este recurso motivo de todo tipo de mezquindades y desasosiegos.

Conflictos

Me refiero a un agudo problema enmarcado dentro de la minería informal o ilegal versus la legal, que, de no ser solucionado prontamente con prudencia, inteligencia, eficiencia y pertinencia, pasará a convertirse en un conflicto social de importantes proyecciones por todo lo que involucra, arrastra y emerge, poniendo en grave riesgo no solo la actividad minera formalizada sino la misma estabilidad social y política, como lo verifican los actos de violencia, protesta y descontrol que se suscitan.

Reinfo al revés

El marco legal en el manejo de la minería ilegal, conocido como el REINFO, ha sido un péndulo plagado de errores, omisiones y toda clase de culpas recíprocas, y que, al contrario, lo que ha hecho es haber alentado el desorden, la burocracia, la desidia, la corrupción y la impunidad legalizada.

Una vez más, como siempre acontece en nuestro país, todo al revés: en lugar de alentar la formalidad —en una nación en la que impera la informalidad como medio de vida, subcultura y subsistencia—, ha propiciado todo lo contrario, como lo verifican las protestas sociales y la ausencia de un liderazgo estatal para liderar soluciones.

Algo debe andar mal, porque no se explica cómo, de los 87,111 mineros informales que se inscribieron en el REINFO, apenas solo el 2.4 % logró hasta la fecha cumplir con esta meta. Hablamos de algo de 2,000 mineros, en un escenario altamente compungido, en el que, a cada minuto, aumenta el precio del oro a nivel mundial y, por ende, su demanda en una nación en donde impera la pobreza, el desorden y la desigualdad.

Una bomba de tiempo de contenido social y político que está funcionando como una relojería, en la que el paso del tiempo acrecienta su poder de eclosión y revelación, y en la que todos perdemos, justos y pecadores, en consideración a que se convierte en el escenario ideal para orientar y conducir a una gran parte de la población, tomando en cuenta que nos encontramos en un proceso electoral que es decisivo para el futuro del Perú.

Legalidad versus impunidad

Hablamos de un Estado no solo inoperante, burocrático, abúlico, ineficiente y hasta indolente, que no ha sabido o no le ha interesado ponerle coto o solución de fondo, oportuna y acertada a un problema social y político que cada vez adquiere nuevas dimensiones, sino que, bajo el pretexto de la exención de la responsabilidad administrativa, civil, tributaria y penal, ha hecho que la formalización de la minería ilegal se haya convertido en un mito, por no decir una burla, panacea o una chacota a la legalidad, a la autoridad, al respeto y al cumplimiento de la ley sin distinciones o diferenciaciones, en el entendido de que todos sin excepciones somos iguales ante la ley.

Las exhortaciones para la formalización, al revés, una y otra vez, no solo han desalentado las gestiones administrativas frente a un Estado poco o nada responsable y menos interesado en obtener soluciones de fondo para hacer que la minería en general sea un motor de desarrollo.

Al contrario, la indiferencia estatal se ha convertido en el mejor aliciente o estímulo para que otras patologías sociales como el narcotráfico, la destrucción de nuestras selvas, el crimen organizado, la corrupción y la depredación de nuestros recursos naturales afloren con toda su fuerza para consolidar posiciones bajo el paradigma de la formalización.

Peso electoral

Quienes piensan o se imaginan que, recurriendo a criminalizar y reprimir a la minería ilegal en los términos como algunos plantean, encontrarán solución al problema de fondo, están más que equivocados o son, en todo caso ilusos.

Otra vez y una vez más acontecerá todo lo contrario: la protesta social, la impunidad y disconformidad dejarán de ser un problema residual, social o selectivo en apariencia circunscrito solo a un sector de la población y se convertirán en un formidable asidero y potencial político, frente a lo cual no tengo mayores dudas de que será inteligentemente aprovechado al máximo por quienes piensan que ganarán en las próximas elecciones.

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