Cárcel hasta 14 años: ¿El fin de la compra de celulares robados?
La propuesta busca acabar con la circulación de dispositivos móviles robados en el Perú.
Alejandro Soto Reyes, congresista de Alianza para el Progreso (APP), presentó una propuesta legislativa que busca frenar la compra y uso de celulares robados y chips móviles ilegales, delitos que contribuyen a la violencia y criminalidad en el país.
En su iniciativa, se plantea una sanción de hasta 14 años de prisión para quienes posean, vendan o usen dispositivos móviles robados o tarjetas SIM obtenidas ilícitamente.
El Proyecto de Ley N.° 9240/2024 tiene como objetivo salvaguardar la seguridad pública y los derechos de propiedad de los ciudadanos, incentivando la adquisición legítima de dispositivos de comunicación.
Según el documento, cualquier persona que esté en posesión de un celular robado o extraviado, sin la documentación que pruebe su legítima propiedad, enfrentará penas de cárcel no menores de 10 años ni mayores de 14.
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Este marco legal también se aplicará a quienes utilicen chips móviles sin la debida verificación de propiedad. La Policía podrá intervenir para corroborar la legitimidad del dispositivo o del chip, exigiendo al intervenido la presentación de facturas o recibos que respalden su adquisición legal.
En caso de que la persona no pueda acreditar la legalidad de los bienes, se le otorgará un plazo de 24 horas, prorrogable a 72 horas bajo justificación, para regularizar su situación.
Soto explicó que la norma persigue castigar no solo a los que roban, sino también a quienes alimentan este mercado ilegal mediante la compra de dichos dispositivos. “No podemos seguir permitiendo que se lucre con la muerte y violencia que generan estos actos”, subrayó el congresista.
Además, la pena podría extenderse hasta los 18 años si el delito involucra a funcionarios públicos, menores de edad, o si se comete en establecimientos penitenciarios o centros educativos.
Soto destacó que este endurecimiento de las penas pretende disuadir el uso de celulares robados, cuyo mercado negro alimentó un círculo vicioso de criminalidad que afecta a todos los sectores de la sociedad.
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