Caso Pedro Huilca: agente peruano ante CIDH no defendió en nada al Perú
Todos los pedidos de la demanda de los Huilca fueron aceptados y agrandados por el “caviar” Salas Lozada.
El allanamiento total a las condiciones planteadas por la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) al Estado peruano sobre caso Pedro Huilca Tecse solo fue posible porque el agente nombrado por el gobierno de Alejandro Toledo ante dicho ente supranacional, el abogado Gonzalo José Salas Lozada, más hizo de un defensor de las víctimas que del país al que decía representar.
Es la primera conclusión que se saca de la lectura de la sentencia 121-CIDH del año 2005 sobre el caso del sindicalista acribillado un 18 de diciembre de 1992. Eso está más que claro desde el primer acuerdo de solución amistosa del 5 de noviembre de 2004, cuando los familiares de Huilca, con el consentimiento de Salas Lozada, manifestaron su “satisfacción por la decisión del Estado de allanarse a las pretensiones” tanto de la Comisión como de las víctimas.
El allanamiento antinacional fue “a todos los extremos de la demanda” presentado por los Huilca ante la CIDH, vale decir a la admisión expresa de “responsabilidad internacional” del Perú, a la aceptación y admisión también expresa: “1) de los hechos denunciados ante la Corte, 2) de las violaciones de derecho alegadas […], así como 3) de la obligación de reparar” con los consabidos 250 mil dólares.
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Esto y mucho más está consignado en el punto 22 de la sentencia, donde se incluye los aportes hechos por la misma CIDH que no estaban contemplados en la demanda, como “la violación del derecho a la dignidad (artículo 11 de la Convención)”, que “no fue invocada en [su escrito de solicitudes y argumentos] como un derecho violado en este caso”.
Otros acuerdos con el demandante –el grupo familiar de Pedro Huilca– es que el Estado peruano debe erigir un monumento a Pedro Huilca; y en cada 1 de mayo recordar su memoria; desarrollar una cátedra universitaria Pedro Huilca, esto al margen de la citada reparación económica.
La sentencia iba entonces más allá de la demanda, con el apoyo de Salas Lozada pero antes se estableció que el Estado peruano “violó los derechos a la vida, a la libertad de asociación en materia sindical, a la ajusticia, a la verdad, a la protección judicial”, etc., etc.
Factor Salas Lozada
¿Quién es este Salas Lozada? Un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1993) que dice haber trabajado en el estudio Ugaz Sánchez-Moreno (1989-1992) y en el estudio Benites, Mercado & Ugaz Abogados (1993-1997). Además se presenta como máster en alta dirección empresarial y especialista en Derecho Penal Ambiental.
Este especialista de derecho ambiental fue nombrado como agente del estado ante la CIDH en el caso Huilca por Resolución Suprema N° 183-2004-RE, publicada en la gaceta oficial el 4 de junio de 2004, cuando era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alejandro Toledo, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, y era titular de Justicia Baldo Kresalja Rosselló.
Para asumir estas medidas, la mencionada resolución suprema, que parece desaparecida de internet, ha tenido que otorgar al susodicho prerrogativas desmedidas, como en efecto cree la Dra. Delia Muñoz, quien sí ha leído dicha resolución, por lo que señala que “es amplia, genérica y sin ninguna restricción”.
El allanamiento sin límites lo realiza Salas Lozada en septiembre de 2004 y lo remueven en diciembre, y el Estado impugna el allanamiento y el acuerdo de reparaciones, pero ello no fue aceptado por la Corte Interamericana de la Derechos Humanos (Corte-IDH).
Muñoz reitera que en ese entonces las autoridades peruanas, sobre todo del sector Justicia, al constatar que el agente nombrado por Relaciones Exteriores comprometió en forma inusual al Perú, “se impugnó este reconocimiento y allanamiento total en la CIDH” pero la Corte-IDH, a donde había subido el expediente Huilca, “no aceptó el cambio de la posición peruana”.
Esta negativa de la Corte-IDH prosperó no obstante que las investigaciones del caso en sede nacional estaban prácticamente en sus inicios, esto con la nueva versión de que fue el Grupo Colina, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori los asesinos, y no los terroristas de Sendero Luminoso como lo había probado la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) de la Policía Nacional.
Años después, como muchos detectives curtidos de lucha antiterrorista, Marco Miyashiro, del legendario GEIN, reiteró que al padre de Indira Huilca “lo mató Sendero Luminoso. La esposa de Pedro Huilca reconoció a los asesinos. Pero cuando los caviares quisieron cambiar la historia, la ofrecieron una indemnización económica y cambiaron sus versiones...”. Lo escribió en sus redes sociales el 18 de agosto de 2021.
Corte-IDH le enmienda la plana al Estado
Llegado a este punto hay un detalle que no ha sido difundido en el país. Según Delia Muñoz, mientras el Estado peruano planteaba, como ya se subrayó, un reconocimiento de culpabilidad digamos total, esta posición no es aceptada por la Corte IDH.
“La Corte señala que lo correcto es realizar una investigación pública con todas las garantías en sede nacional, y es en base a dicha obligación que se está llevando a cabo el proceso cuyos resultados se conocieron recientemente”, insiste.
(La especialista se refiere al fallo de la Cuarta sala Penal Nacional de Delitos de Crimen Organizado que emitió sentencia absolutoria a Montesinos y el grupo Colina por la sencilla razón de que estos presuntos matarifes no participaron en el crimen de Huilca).
La posición de la Corte IDH está en el punto 32 de la sentencia de Huilca, cuando se trata del “acuerdo sobre reparaciones y su anexo” que violaban la propia Convención Americana y las disposiciones de derecho interno, al contravenir el principio de presunción de inocencia, “toda vez que [se] presumía la culpabilidad de los inculpados que no tenían sentencia condenatoria[] comprometía acciones que implicaban la intromisión del Poder Ejecutivo y la violación de la independencia y autonomía de otros órganos constitucionales autónomos”. (Continuará)
Por Plinio Esquinarila
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