CEM no brinda atención integral a víctimas de violencia sexual: Contraloría evidencia falta de acciones para atender a menores

Diversos Centros de Emergencia Mujer (CEM) en las regiones Amazonas y San Martín no llevaron a cabo las acciones necesarias para la atención integral a menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual, por lo que incumplieron el objetivo de dar apoyo a las afectadas. 

Luego de una auditoria efectuada por la Contraloría General al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, se determinó que los CEM Chachapoyas y Condorcanqui, de Amazonas, y los CEM Bellavista, Comisaría Juanjuí, Lamas, Moyobamba y Tarapoto, de San Martín, no llevaron a cabo las acciones necesarias para la atención de las víctimas.

La Contraloría identificó un total de 35 casos que no recibieron atención oportuna de los CEM, de los cuales uno corresponde al CEM Chachapoyas, 25 del CEM Condorcanqui, cuatro del CEM Bellavista, uno del CEM Comisaría Juanjuí, uno del CEM Lamas, dos del CEM Moyobamba y uno del CEM Tarapoto. Las menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual tenían entre cinco y 16 años de edad.

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La comisión de control pudo evidenciar, luego de la revisión de documentos materia de análisis, 18 casos con ausencia de Planes de Atención Integral (conjunto de acciones coordinadas que el equipo interdisciplinario debe diseñar y aplicar según el nivel de riesgo de cada caso) que sean idóneos, 16 casos con ausencia de planes de seguridad (acciones orientadas a prevenir un evento de violencia y/o a asegurar la integridad de la persona usuaria del CEM), y cinco casos donde no se realizaron valoraciones apropiadas de las redes familiares o sociales.

Sin apoyo psicológico

También se verificó la falta de derivaciones en 19 casos para que las usuarias reciban terapia psicológica y/o acceso al Kit de Emergencia, así como tres casos donde no se realizó la derivación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), ya que el presunto hecho de violencia sexual fue cometido por personal de una institución educativa.

En otros seis casos se detectó la falta de derivación a las instancias pertinentes como los juzgados, Demuna y/o la Unidades de Protección Especial – UPE por la presunta desprotección o riesgo de desprotección para que se evalúe iniciar el procedimiento y actuaciones por desprotección familiar.

Responsabilidad administrativa

La auditoría determinó presunta responsabilidad administrativa en 23 funcionarios públicos, de los cuales 16 siguen laborando en la actualidad. En ese sentido, se recomendó a la directora ejecutiva de Warmi Ñan realizar las acciones que correspondan para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades.

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