Chiclayo: PNP rescata a ciudadana mexicana que vivía cautiva por pareja desde 2015
Alerta del consulado azteca activó operativo de rescate en el norte del país.
La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató en Chiclayo a Johana Garza Delgado, una ciudadana mexicana de 31 años que permaneció retenida y sometida durante más de una década por su conviviente peruano y parte de su familia política. El operativo se llevó a cabo tras una alerta internacional emitida por el Consulado de México.
Garza Delgado, natural de Reynosa, Tamaulipas, arribó al Perú en 2015 tras iniciar una relación por redes sociales con Jorge Luis Seminario Ramos, a quien conoció virtualmente. Apenas llegó a la ciudad norteña, el entorno del implicado la aisló de toda vida exterior.
Según la denuncia, la víctima vivió bajo vigilancia constante y en condiciones de control absoluto. No logró regularizar su situación migratoria ni generar ingresos propios, lo que la sumió en una dependencia total.
Su comunicación con familiares en México era esporádica y se limitaba a mensajes enviados en secreto a través de teléfonos antiguos.
“Mi hermana no podía hablar libremente. A veces solo escribía una palabra, una señal”, relató una familiar desde México, cuya insistencia resultó clave para activar la intervención diplomática.
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Las autoridades peruanas confirmaron que la mujer sufrió violencia psicológica y económica, principalmente por parte de su suegra y su cuñada, quienes la obligaban a atender a su pareja “como una sirvienta”, según consta en la denuncia. Ambas fueron detenidas por la PNP durante el operativo de rescate.
La intervención se desarrolló en coordinación con el Centro de Emergencia Mujer de la comisaría de Campodónico, que brindó asistencia inmediata a la víctima y a sus dos hijas menores.
El principal acusado, Jorge Luis Seminario Ramos, se encuentra prófugo. La Policía Nacional intensificó su búsqueda y no descarta ampliar las investigaciones hacia otros familiares involucrados en el aislamiento prolongado de la extranjera.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) asumió la protección de la víctima, quien ya se encuentra en un albergue seguro y recibe atención integral.
Se espera que en los próximos días el caso sea judicializado por los delitos de trata de personas, violencia familiar y restricción de derechos fundamentales.
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