Colombia desafía dominio del Perú por arresto de colombianos que atentaron contra soberanía peruana: comunicado oficial en el que no reconoce autoridad
Cancillería exige liberación inmediata de detenidos.
El Gobierno de Colombia denunció como “irregular” la detención de dos de sus ciudadanos en la isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa de Loreto, un territorio de plena soberanía del Perí.
La Cancillería colombiana aseguró que las autoridades que efectuaron la detención actúan “de facto” y carecen de legitimidad para imponer medidas en la zona.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que los connacionales desarrollaban estudios técnicos relacionados con la ampliación del muelle Victoria Regia, en Leticia, cuando fuerzas peruanas los intervinieron en el río Amazonas.
Bogotá subrayó que la formación fluvial surgió después del acuerdo binacional de 1929 y que no reconoce la presencia administrativa del Perú en ese punto.
“El Gobierno de Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla y desconoce a las autoridades impuestas en la zona”, sostuvo la Cancillería.
El documento sostiene que la detención no se vincula con actos de soberanía o intentos de apropiación territorial, y exige la liberación inmediata de los dos ciudadanos.
En tanto, las autoridades judiciales peruanas imputan a los detenidos el delito de atentado contra la integridad nacional, acusación que se sustenta en la realización de estudios topográficos sin autorización.
El Poder Judicial de la provincia de Mariscal Ramón Castilla dispuso siete días de detención en flagrancia, medida que se extiende hasta el 19 de agosto, para llevar a cabo diligencias como declaraciones ampliatorias y revisión de teléfonos móviles.
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Colombia señaló que, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, su Consulado en Iquitos presta asistencia a los detenidos para garantizarles el debido proceso y condiciones dignas, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación en Perú. La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla argumenta que los trabajos en la isla fueron sin autorización y constituyen un acto que compromete la integridad territorial.
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