Comunidades indígenas piden protección del Estado ante amenazas de narcotraficantes
Lamentan que el Gobierno no cumpla con dotar de armas a sus comités de autodefensa.
Comunidades indígenas de Perú revelaron este jueves que el avance del narcotráfico y la ausencia del Estado en sus territorios fuerza a sus comunidades a protegerse de las amenazas del narcotráfico y lamentaron que este Gobierno no responda a su petición de dotar de armas a sus comités de autodefensa.
"Se ha solicitado al Gobierno y al Ministerio de Defensa para que doten de armamento a los comités de autodefensa. Lo hemos pedido reiteradas veces, pero han hecho caso omiso", dijo Yanet Velasco Castillo, tesorera del Consejo Directivo de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
Esta organización agrupa a 19 comunidades nativas y 33 anexos ubicados en el distrito Río Tambo, provincia de Satipo, de la selvática región de Junín, una zona perteneciente al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del Perú, considerado el segundo productor mundial de cocaína, por detrás de Colombia.
Los pobladores presenciaron el último asesinato de un líder indígena en el país, el asháninka Santiago Contoricón, quien era parte del comité de autodefensa de su comunidad y luchó para mejorar la seguridad en su área, donde el narcotráfico convive con los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.
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Herlin Odicio Estrella, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo, que agremia a 8 comunidades de las provincias Padre Abad y Puerto Inca, de las regiones de Ucayali y Huánuco, respectivamente. Dijo que solo en 2021, según Odicio, en Ucayali se localizaron 42 pistas de aterrizaje usadas por el narcotráfico para exportar la droga del país, 14 de ellas en territorios de comunidades indígenas.
"Ucayali y Huánuco se han convertido en el segundo Vraem. No es tierra de nadie", indicó, luego de afirmar que, desde 2020 hasta la actualidad, cuatro líderes kakataibos fueron asesinados.
En julio del año pasado, el presidente ejecutivo de la oficina antidrogas de Perú, Ricardo Soberón, alertó también en una conferencia con la APEP que Ucayali ya era un "nuevo foco cocalero" que "preocupa" a las autoridades peruanas. Tan solo entre 2020 y 2021, según precisó en ese entonces Soberón, los cultivos de arbusto de hoja de coca en Ucayali casi se triplicaron, al pasar de 3,810 hectáreas a 10,220. EFE
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