Delia Espinoza solicita recuperar seguridad oficial y PNP responde
Institución policial analiza la documentación presentada y advierte que cada decisión se tomará con criterios técnicos y respeto al marco legal.
La Policía Nacional del Perú (PNP) analiza el pedido presentado por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, para restituir el resguardo policial del que gozaba antes de la suspensión del cargo.
Espinoza ingresó su solicitud la noche del viernes 19 de septiembre, conforme a los plazos legales vigentes, y espera una decisión oficial en los próximos días.
La institución policial confirmó que la solicitud se encuentra en evaluación y precisó que el procedimiento se enmarca en la normativa que regula la seguridad de altos funcionarios del Estado.
PNP se pronuncia
“La institución policial, en cumplimiento de la ley, ratifica el respeto hacia las instituciones públicas y sus decisiones en consonancia con el orden constitucional”, señaló la PNP en un comunicado emitido este sábado.
El organismo policial recordó que, tras la suspensión de Espinoza como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, el resguardo se dio por concluido en aplicación del Decreto Supremo N.º 004-2022, normativa que establece los criterios para asignar protección oficial.
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No obstante, el pedido de reconsideración obliga a la Policía a revisar nuevamente los alcances de la disposición legal y determinar si corresponde mantener la medida.
“La Policía Nacional del Perú, en su firme compromiso con la legalidad, transparencia y la seguridad de todos los ciudadanos, reitera que cada decisión que adopta se fundamenta en criterios técnicos y en el estricto cumplimiento de su deber de proteger a las personas”, añadieron en la misma comunicación.
Junta de Fiscales definirá reemplazo de Espinoza
Actualmente, el Ministerio Público se encuentra en transición. La Junta de Fiscales Supremos podría definir este lunes al reemplazo provisional de Espinoza.
Con esta decisión, el Ministerio del Interior reafirma que no otorgará beneficios a funcionarios suspendidos por procesos disciplinarios, respaldando así la labor de los órganos de control del Estado.
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