Dina Boluarte: hermano de mandataria presente en Congreso para escuchar Mensaje a la Nación
Ubicado en un punto estratégico.
El 28 de julio, antes del inicio de la sesión oficial para el mensaje presidencial en el Congreso de la República, Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, fue visto en uno de los palcos destinados para invitados especiales.
Ocupando la primera fila, el 'hermanísimo' estuvo conversando con otras personas y escribiendo constantemente en su celular mientras esperaba la llegada de su familiar al Hemiciclo del Parlamento.
Como se recuerda, Nicanor Boluarte es acusado de ser uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal 'Los Waykis en la Sombra', que supuestamente se dedicaba al nombramiento ilícito de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país a cambio de recolectar firmas para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, entre otras irregularidades.
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En mayo de 2024, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.
Junto a Nicanor Boluarte, también fue implicado Mateo Castañeda Segovia, abogado de la dignataria. A Castañeda se le atribuye ser el 'brazo legal' de la supuesta agrupación ilícita, intentando neutralizar la investigación contra Nicanor mediante la presunta corrupción de los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano, a quienes habría ofrecido ascensos y protección del Poder Ejecutivo.
A pesar de las graves acusaciones, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la detención preliminar dictada contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros investigados, ordenando su inmediata libertad.
El tribunal argumentó que no se cumplían los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal para mantener la detención preliminar y que no existía peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación.
Además, la Sala desestimó la solicitud del Ministerio Público para ampliar a 15 días el plazo de detención preliminar con el fin de realizar actos de investigación urgentes e inaplazables en esta etapa.
Esta decisión generó controversia y cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas judiciales en casos de presunta corrupción y crimen organizado.
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