DU afecta a 122,000 profesores cesantes

Por Geraldo Capillo

El presidente de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación (ANCIJE), Erick Villanueva Cancán, calificó de inhumana la decisión del gobierno de Martín Vizcarra, a través del Decreto de Urgencia (DU) N° 015-2019, de transferir el pago de sus pensiones del Ministerio de Educación (Minedu) a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), limitando cualquier posibilidad de reclamo por sus derechos pensionarios y afectando a más de 122 mil personas. Ante ello, anunció una movilización nacional el jueves 26 de marzo, para que el gabinete ministerial y los actuales congresistas reconsideren el mencionado DU.

ATROPELLAN SUS DERECHOS

Pero los atropellos contra la ANCIJE datan de hace muchos años. Según cuentan los cesantes, con el Decreto Supremo Nº 025-85 se estableció un pago de S/ 5 diarios por refrigerio y movilidad, el cual fue interpretado erróneamente en el DS N° 064-90, donde explica la conversión del inti al nuevo sol, modificando la periodicidad al pago de S/ 5 mensual.

También revelaron que en 1991, mediante Decreto Supremo Nº 051-91 y su artículo 10, se estableció la llamada ‘remuneración total permanente’, con el cual se rebajó drásticamente la cuantía en una relación de S/ 300 a S/ 20, la cual se viene pagando hasta hoy sin respetar la jerarquía de normas y la vasta jurisprudencia que rechaza la remuneración total permanente como base del cálculo.

SITUACIÓN SE AGRAVA

En 2004, el gobierno de Alejandro Toledo decidió, por medio de una reforma constitucional, desconocer la Ley Nº 20530, con la cual los cesantes y jubilados de educación obtuvieron el derecho de nivelación de pensiones, que les permitió estar a la par con las remuneraciones de los profesores activos. La orden de Toledo Manrique por congelar las pensiones se debió a su promesa de elevar el sueldo de los profesores en actividad.

En noviembre de 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, se promulga la Ley de Reforma Magisterial Nº29944, donde se deroga la Ley de Profesorado, a partir del cual se pretende desconocer totalmente sus derechos, sin considerar que lo vienen percibiendo por su naturaleza pensionable como cesantes.

DECRETO DE URGENCIA

Muchos pensaban que el panorama no podía ser peor, pero se equivocaron. En noviembre de 2019, el gobierno de Martín Vizcarra publicó el Decreto de Urgencia Nº 015-2019, para el equilibrio del presupuesto del sector público en el año 2020, en cuyo artículo N° 11 se ordena transferir la administración y pago de las pensiones del Decreto Ley N° 20530 del Ministerio de Educación a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad que no es compatible con la naturaleza de los profesores cesantes.

Recordemos que el Minedu tiene capacidad de decisión y la política de puertas abiertas para escuchar las exigencias de los exmiembros del sistema de educación, a diferencia de la ONP, que no tiene competencia alguna en este ámbito. Con ello, el gobierno de Vizcarra ha terminado por sepultar la Ley N° 20530, afectando a más de 112,000 personas, quienes perciben entre S/ 900 y S/ 1,000 mensuales.

En la práctica, ha desaparecido la Ley N° 20530, porque los pensionistas no tiene oportunidad alguna de reclamar sus derechos. Ante este panorama hostil, la ANCIJE envió una misiva al presidente de la Comisión Permanente (2019-2020), Pedro Olaechea, para que en su informe final observe el mencionado DU, pero no han obtenido respuesta. Así una norma que parecía transitoria se ha convertido en general y definitiva.

IMPUGNACIÓN

“Este Decreto de Urgencia es lo que venimos impugnando y por lo cual venimos acudiendo a diversas instancias para su nulidad e inconstitucionalidad, trabajo que venimos realizándolo con las bases de todo el país”, sostiene el secretario nacional de Defensa de la ANCIJE, Walter Egoavil.

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