Estados Unidos: 300 mil peruanos podrían ser deportados tras endurecimiento de políticas migratorias
Gobierno peruano ofrece apoyo a repatriados tras recientes operativos.
La comunidad peruana en Estados Unidos enfrenta un escenario crítico ante el endurecimiento de las leyes migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.
Según datos de la Cancillería peruana, aproximadamente 300 mil peruanos residen sin estatus legal en territorio estadounidense, convirtiéndose en potenciales candidatos a la deportación.
Las medidas migratorias más estrictas intensifican los operativos de control, produciendo incertidumbre entre los inmigrantes.
Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Extranjero y Asuntos Consulares, alertó sobre la situación y precisó que las deportaciones podrían incrementarse en los próximos días.
“Estos ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad. Dependiendo de cada caso, algunos podrían recurrir a solicitudes de refugio o a procesos judiciales para evitar su expulsión inmediata”, indicó.
Un total de 34 peruanos fueron deportados desde Estados Unidos por incumplir las leyes migratorias.
Al arribar a suelo peruano, autoridades nacionales y efectivos policiales recibieron a los retornados, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró asistencia para su reinserción.
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En un comunicado oficial, la Cancillería señaló que “conscientes del impacto humano que implica un proceso de esta naturaleza, se convocó a diferentes instituciones públicas para brindar asistencia médica, psicológica y social inmediata”.
El gobierno peruano también busca mitigar los efectos de estas deportaciones en el ámbito laboral.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, aseguró que su sector proporcionará respaldo a los peruanos repatriados.
“Nuestro objetivo es facilitar la integración de estos ciudadanos al mercado formal, ofreciendo capacitaciones y apoyo para el autoempleo”, detalló.
Entretanto, la comunidad peruana en EE.UU. permanece en alerta, mientras organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes continúan buscando alternativas legales para frenar las expulsiones.
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