Excanciller Luis Gonzales Posada: “Tenemos una gran Policía”
Califica de “extraordinario” y “heroico” su trabajo. Afirma que PNP cumple eficientemente su función a pesar de sus grandes limitaciones.
¿Cuál sería la mayor de las limitaciones de la Policía?
Sin duda, el bajo número de efectivos. En 1990, la PNP contaba con 125,546 miembros y ahora tiene 130,189; es decir, solo 4,643 más, en circunstancias en que, en ese periodo de 18 años, la población se ha incrementado en 11 millones 600 mil personas. Por ello, el déficit de personal en función del número de habitantes se calcula en 40,000 agentes.
¿Qué otras precariedades puede señalar?
Existen 100,450 armas, de las cuales el 58% son antiguas y necesitan ser renovadas urgentemente. Lo mismo ocurre con los patrulleros: de 5,389 vehículos, más de 2 mil están inoperativos y algunos son irrecuperables. Asimismo, de las 1,323 comisarías, el 38% funcionan en locales inadecuados, algunos construidos con techos de latón y sin equipos de alta tecnología. Pese a ello, tenemos una gran Policía Nacional.
Usted sostuvo que la situación en la frontera también es grave.
Claro, tenemos 7 mil kilómetros de frontera terrestre con Chile, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, que involucran a 9 regiones y 84 distritos, donde viven un millón y medio de compatriotas. En esas zonas hay contrabando de vehículos y mercadería, narcotráfico, venta ilegal de oro y madera. Además, por ahí ingresan irregularmente miles de extranjeros, como la banda criminal del Tren de Aragua, y lo hacen porque no existen suficientes puestos de control, cámaras de vigilancia ni personal policial.
¿Venezolanos y colombianos han introducido nuevas modalidades delictivas?
Así es. El sicariato es una de ellas. Los préstamos “gota a gota”, que son créditos a 30 días y con intereses muy altos, exponen a quienes no pagan a tiempo a una paliza o a que los maten. Y una tercera modalidad es la importación de mujeres para que ejerzan la prostitución. Las distribuyen por zonas o barrios. A aquellas que no pagan a los delincuentes, las golpean, encierran en calabozos o las matan.
A lo cual debemos agregar las extorsiones.
Así es. El 50% de pequeñas empresas, boticas y tiendas han sido afectadas. Hay 2,800 denuncias por esto y 23,000 locales han tenido que cerrar. La extorsión, incluso, se traslada al Congreso a través de los llamados “mocha sueldos”, que quitan parte de sus ingresos a secretarias, asistentes o asesores.
¿Qué se puede hacer ante esta situación crítica?
Actuar con responsabilidad. No lo hace la señora Boluarte. Cuando comenzó su gestión, preguntaron al premier Otárola si había un plan como el de Bukele, y respondió que había el “Plan Boluarte”, una broma de mal gusto porque no existía ni existe ese plan. El delito es un problema transversal que involucra a muchas instituciones: la PNP, Fiscalía, Poder Judicial, INPE, Ministerio de Justicia, Serenazgo y empresas privadas de seguridad, que cuentan con 125 mil efectivos y 50 mil armas de fuego que no son tenidos en cuenta, a pesar de que la ley obliga a que colaboren en la seguridad.
¿Cómo podemos hablar de seguridad cuando este año se han robado 1 millón 831,475 celulares y terminaremos en 2 millones?
O cuando existe un 132% de sobrepoblación carcelaria. Lurigancho tiene capacidad para 3,204 personas, pero viven 9,846; el Callao cuenta con 572 plazas y se encuentran 3,296 reos; Castro Castro dispone de 1,142 cupos, pero hay 4,432. Lo digo claramente: no son penales o centros de rehabilitación, son depósitos humanos donde los que ingresan no son rehabilitados. No entiendo por qué no se han construido nuevos centros penitenciarios. En Ecuador y Chile lo acaban de hacer. Hay dinero, pero incapacidad de administración.
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