Francisco Diez-Canseco: “En Ica existió un uso y abuso de las services”
Considera que “la ausencia del Estado y el aprovechamiento de la extrema izquierda” impulsaron la derogación de una norma “en beneficio de los trabajadores”.
¿Cuál es su lectura sobre lo que fue la Ley de Promoción Agraria?
Las cifras que se han presentado arrojan, para efectos del desarrollo de la agricultura de exportación fundamentalmente en Ica, un balance favorable para la Ley de Promoción Agraria, que fue prorrogada por 10 años y que a través de un decreto de urgencia fue modificada en cuanto al régimen salarial en beneficio de los trabajadores por el gobierno del presidente Martín Vizcarra.
Pero, igualmente, cientos protestaron contra la ley…
En cuanto a lo ocurrido, a mí me parece que hay varias cosas que tienen que quedar muy bien diferenciadas. La protesta fue realizada fundamentalmente por los trabajadores temporales, no por los trabajadores estables de los fundos donde se trabajaba cumpliendo la ley. Se les incluyó en planilla, tenían beneficios y, en algunos casos, se les pagaba hasta 60 soles encima de lo previsto en la ley. Lo que ha ocurrido es que otras empresas no han cumplido, han hecho uso y abuso de las services, poniendo como trabajadores temporales a trabajadores que eran estables y permanentes y, por lo tanto, lo que generó esta reacción es la burla de la ley.
¿Era necesario un cambio?
Como suele ocurrir en Perú, esto fue aprovechado por la extrema izquierda para lograr el objetivo de derogar la ley. El cambio era necesario. El propio gobierno de Sagasti presentó un proyecto para derogar solamente el segmento laboral de la ley, no la ley en su integridad. Y es tan contradictoria la derogatoria de la ley en la forma general que, por ejemplo, el hecho de que las empresas agroexportadoras estuvieran pagando 15 % de impuesto a la renta, en lugar de 29.5 %, que es el régimen común, beneficiaba a los propios trabajadores que recibían reparto de utilidades, pero que ahora van a recibir menos porque las empresas van a pagar más impuesto a la renta.
POR: GERALDO CAPILLO
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