Gobierno evalúa enviar a reos peligrosos a megacárcel de Nayib Bukele
Ejecutivo analiza medidas para enfrentar mafias desde sistema penitenciario.
El Poder Ejecutivo evalúa formalmente la posibilidad de trasladar a presos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el penal de máxima seguridad construido en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele.
Esta propuesta, que marcaría un cambio drástico en la política penitenciaria nacional, forma parte del plan contra la criminalidad que el Gobierno presentará ante el Congreso el próximo 12 de junio.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Aarana, ya incluyó esta medida en la agenda del Ejecutivo que sustentará durante el pedido de voto de confianza.
“Queremos cortar el vínculo entre las organizaciones criminales y los cabecillas que siguen operando desde las cárceles”, señaló una fuente del entorno del premier.
El modelo salvadoreño capta la atención del Gobierno peruano tras el incremento de delitos organizados orquestados desde penales peruanos.
El CECOT, con capacidad para 40 mil internos, mantiene un régimen de aislamiento extremo y fue diseñado para eliminar toda comunicación de los reos con el exterior.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, figura entre los principales impulsores de esta iniciativa. Desde hace meses, propone enviar a los criminales más violentos fuera del país. “El sistema penitenciario está colapsado y ya no hay control dentro”, afirmó.
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Desde El Salvador, el diputado Carlos Hernández, presidente del componente latinoamericano de Eurolat, expresó la disposición de su país para dialogar con Perú.
“Estamos abiertos a cooperar. Ya lo hemos conversado con Estados Unidos y ahora podríamos hacerlo con Perú”, sostuvo.
Expertos advierten que esta estrategia podría reducir las extorsiones, asesinatos por encargo y cobros ilegales desde penales peruanos. No obstante, también alertan sobre los desafíos logísticos, legales y éticos que implicaría ceder el control de la custodia penitenciaria a otra nación.
El Ejecutivo prepara el anuncio oficial para los próximos días, mientras coordina las condiciones diplomáticas y técnicas que permitirían implementar esta medida sin vulnerar derechos fundamentales ni generar dependencia externa a largo plazo.
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