Gobierno obligado a reivindicar a policías dados de baja irregularmente: tendrán que ascenderlos por nueva ley
Decreto 32346 obliga al Ministerio del Interior a revisar retiros irregulares de agentes y promoverlos si hubo vulneración.
El Congreso de la República promulgó la Ley 32346, publicada en el diario oficial El Peruano, que dispone la revisión de los casos de policías retirados por renovación excepcional desde el año 2016.
Esta medida responde a los constantes reclamos por supuesta vulneración de derechos de oficiales que fueron separados de la institución sin el debido proceso o sin justificación suficiente.
La norma obliga al Ministerio del Interior (Mininter) a evaluar, en un plazo de seis meses, todos los casos en los que se haya aplicado el artículo 87 del Decreto Legislativo 1149 —modificado posteriormente por el Decreto Legislativo 1242— para el pase al retiro de personal policial. En caso se confirme que los derechos fueron vulnerados, el Mininter deberá subsanar y reivindicar a los afectados, otorgándoles los beneficios que la ley establece.
Uno de los puntos más relevantes que se destaca en el pedido de los agentes es la posibilidad de ser ascendidos al grado inmediato superior, además del reconocimiento de su antigüedad, honores, prerrogativas y tiempo de servicio. Se trata de una forma de reparación simbólica y administrativa tras años de litigios o abandono institucional.
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Según la propuesta impulsada por la congresista Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez y llevada a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, presidida por Patricia Chirinos Venegas, se busca garantizar la inclusión de términos claros en el dictamen final de la ley, como el concepto de “reivindicación”. En esa línea, se sugiere que incluso aquellos policías que no lograron una reincorporación por vía judicial puedan ser considerados para los beneficios mencionados.
Gobierno: Mininter deberá reconocer trayectoria de oficiales
Además, la norma plantea que el Ministerio del Interior organice una Ceremonia Protocolar de Reivindicación, donde se reconozca públicamente la trayectoria de los oficiales afectados. Este acto tendría un plazo de ejecución no mayor de seis meses tras la publicación de la ley y abarcaría a quienes fueron separados del servicio durante las modificaciones legales entre 2016 y los años siguientes.
El trasfondo de esta ley tiene relación con denuncias de abuso del mecanismo de renovación excepcional, que permitía retirar a oficiales de forma discrecional bajo criterios de reestructuración de cuadros. Para muchos de los afectados, esto significó la pérdida abrupta de sus carreras y la estigmatización profesional sin posibilidad de defensa adecuada.
Finalmente, el Ministerio del Interior deberá rendir un informe al Congreso, a través de la Comisión de Defensa, una vez concluido el plazo de evaluación. En ese documento se deberá detallar cuántos efectivos fueron reivindicados o resarcidos y qué medidas se adoptaron. Con esta ley, se abre una vía legal para saldar una deuda institucional con cientos de policías que reclaman justicia.
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