Gobierno restringe minería formal en Pataz: Minera Aurífera Retamas responde
Alerta sobre el impacto laboral y económico.
La Minera Aurífera Retamas S.A. (Marsa) rechazó enérgicamente la restricción generalizada que el Gobierno impuso al desarrollo de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Tayabamba y Parcoy, medida que no distingue entre operaciones formales y actividades informales o ilegales.
La empresa enfatizó que tal disposición vulnera derechos constitucionales como la libertad de empresa y el derecho al trabajo, además de amenazar la estabilidad de miles de trabajadores y sus familias.
Marsa expresó su solidaridad con las familias de las 13 víctimas del reciente y repudiable acto de violencia criminal ocurrido en Pataz. Sin embargo, precisó que su operación se ubica a más de 90 kilómetros de los hechos, en un entorno de paz social y con relaciones sostenibles con las comunidades vecinas, como Llacuabamba.
“Nuestra unidad minera emplea a más de 4,500 personas entre trabajadores directos y contratistas, quienes también sufrirán las consecuencias de esta paralización”, afirmó un representante de la minera.
La empresa destacó que apoya plenamente una intervención firme del Estado para restablecer el orden, y saludó la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la zona.
No obstante, subrayó que las restricciones generalizadas no resuelven el problema de fondo. “La imposición de restricciones a la libertad de tránsito que materialmente impiden el desarrollo de actividades mineras formales solo debilita al sector formal sin atacar el verdadero origen del problema: la minería ilegal, la informalidad y la falta de autoridad efectiva”, remarcó Marsa en un comunicado.
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Los representantes de la minera recalcaron que, lejos de estigmatizar a toda una provincia, las autoridades deben aplicar medidas focalizadas y proporcionadas que apunten a erradicar la criminalidad sin castigar a quienes cumplen con la ley.
“La paralización de nuestras operaciones afectaría no solo la producción minera, sino también miles de puestos de trabajo, cadenas de proveedores, comercios y economías locales enteras”, advirtió Marsa.
La empresa reafirmó su compromiso con la legalidad, la paz social, la transparencia y el desarrollo sostenible, y exhortó al Gobierno a rectificar la medida adoptada. “Confiamos en que se aplicarán soluciones eficaces y justas que enfrenten el crimen sin castigar al formal”, concluyó la misiva.
Mientras tanto, las comunidades locales y los trabajadores de las operaciones formales permanecen a la expectativa, conscientes de que su sustento y desarrollo dependen de decisiones gubernamentales que diferencien entre lo legal y lo ilegal.
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